Dejarán de funcionar las Unidades Operativas de Catastro en Sogamoso, Duitama, Soatá, Garagoa, Chiquinquirá y Puerto Boyacá, que administran las diferentes poblaciones del departamento. Esta medida hace parte de la reestructuración del Igac.
Las seis Unidades Operativas de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en Boyacá desaparecerán y se desconoce la suerte que correrá la Dirección Territorial del departamento.
Dejarán de funcionar las oficinas de Sogamoso, Duitama, Soatá, Garagoa, Chiquinquirá y Puerto Boyacá, que atienden, además, a otros municipios del departamento, según su jurisdicción.
Estos cierres hacen parte de la reestructuración del Igac, en razón de la adopción de la política de catastro multipropósito.
El ingeniero catastral Diego Andrés Marlés Monje, presidente nacional del Sindicato del Igac, afirmó que, las 46 Unidades Operativas de Catastro del país serán cerradas como consecuencia del rediseño institucional, dentro de la reestructuración del Igac que viene adelantando el Gobierno nacional.
“Esta reestructuración es cuestionable por el hecho de que no se han brindado garantías de transparencia, ni de rigurosidad técnica, ni de participación a las organizaciones sindicales, como lo disponen todas las normas técnicas y especialmente el Decreto 498 del 2020”, explicó el líder sindical.
Según Marlés, las 22 direcciones territoriales que hoy día tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el país serán reducidas a seis, y que se desconoce la suerte que correrá la Dirección Territorial Boyacá, con sede en Tunja, pues podría quedar convertida en una regional o en una simple oficina que dependa de una regional más grande.
“La administración maneja un discurso contradictorio, según el cual no van a haber despidos masivos en la entidad. Sin embargo, nosotros sabemos que todos los que son funcionarios en nombramiento provisional serán desvinculados de la institución”, dijo el presidente nacional del Sindicato del Igac.
En todo el país la institución cuenta con una nómina de 300 trabajadores en esta clase de vinculación, por lo que al menos serían 300 personas las que saldrían del Instituto. Otros funcionarios, en razón del cierre de las Unidades Operativas de Catastro, serían trasladados a otras sedes diferentes al lugar donde residen.
“Con motivo del Plan Nacional de Desarrollo se materializó algo que se venía trabajando a nivel de Conpes, que es la política de catastro multipropósito. Lamentablemente esta política se ha venido planteando por parte de este Gobierno de una manera que desdibuja sus motivaciones originales”, señaló Marlés Monje.
Esta política implica que los municipios deben asumir las funciones catastrales, para lo cual las entidades territoriales voluntariamente tienen que solicitar al Igac que las habiliten.
“En la actualidad el Igac hace una campaña bastante agresiva para invitarlos a todos a que soliciten su habilitación. Evidentemente los municipios son un universo bastante heterogéneo. Hay municipios que tienen la capacidad y la necesidad de asumir estas funciones para mejorar su gestión en otros aspectos, pero hay municipios chicos, que son los que más nos preocupan a nosotros, que no tienen esa posibilidad”, precisó el directivo sindical.
Los municipios pequeños tendrán entonces que contratar la elaboración de sus catastros con otros municipios, a unos precios que podrían resultar más elevados de los que se venían manejando.
“Ejemplo de eso es que a Garagoa en la actualidad se le cotizó un proceso por 2.500 millones de pesos, y en el pasado se pudo haber cotizado por 300 o 350 millones de pesos”, afirmó Diego Andrés Marlés, quien es funcionario de la Territorial Boyacá.
Agregó que lo que se está viendo es que el Igac, con este rediseño, quiere retirarse del territorio para obligar a los municipios a buscar este tipo de contratos con otros municipios para que les hagan su catastro, y que quienes van a ejecutar esas labores serán empresas privadas.
