Concursos para elegir a contralores territoriales, con la Procuraduría encima

El ente de control nacional les solicitó a asambleas departamentales, a concejos municipales y/o distritales y a siete universidades contratadas, suministrar información detallada de los convenios o contratos suscritos para adelantar este proceso.

La Procuraduría General de la Nación extremó las medidas para que haya transparencia en los procesos de elección de los contralores departamentales, municipales y distritales. Foto: archivo particular
La Procuraduría General de la Nación extremó las medidas para que haya transparencia en los procesos de elección de los contralores departamentales, municipales y distritales. Foto: archivo particular

La Procuraduría General de la Nación extremó las medidas para que haya transparencia en los procesos de elección de los contralores departamentales, municipales y distritales.

Con ese fin, el ente de control disciplinario requirió a las corporaciones públicas de elección popular territoriales y a siete universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, información detallada sobre este proceso que se adelanta en todo el país. 

La solicitud fue elevada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante comunicaciones enviadas a las asambleas departamentales y concejos municipales y/o distritales y a las universidades.

En Boyacá, ese requerimiento se le hizo a la Asamblea departamental, al Concejo municipal de Tunja y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).  

El órgano de control solicitó copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior para adelantar este proceso, e información específica sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.  

Así mismo, estas entidades deberán suministrar los actos administrativos, guías y demás documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, al igual que el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a las pruebas, entre otros aspectos. 

“Los rectores de los entes educativos contratados para adelantar este concurso deberán velar por el cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad en la aplicación de las pruebas”, advirtieron en la Procuraduría.  

Anunciaron, además, que, en caso de advertirse posibles irregularidades en este proceso, el Ministerio Público activará su función disciplinaria. 

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