Nuevamente se intenta una reforma a la Justicia. Ojalá en esta ocasión se logre, pues en muchas otras se ha fracasado. Sin embargo, me atrevería a decir que el verdadero problema para su correcta y oportuna aplicación, más que las directrices de carácter constitucional o legal, obedece a razones presupuestales, esto es, a que no se asigna lo que realmente se necesita.
A nadie escapa, esto permanentemente se dice de una u otra manera, que hacen falta muchos funcionarios más, especialmente fiscales, pero también jueces e inclusive magistrados. De ahí las quejas y las lamentaciones por el retardo en muchos, pero muchos casos, en la administración de justicia.
No se puede exigir más rendimiento cuando los promedios de procesos por funcionarios son altísimos. A lo anterior se suma, para que las encuestas resulten un tanto mal en la confianza a la justicia, algunos escándalos de unos pocos funcionarios, escándalos ampliamente conocidos por los medios de comunicación, pero que, a la hora de la verdad, afectan injustamente a la institución en general.
Desde luego hay que actuar sobre lo que se conoce y también fortalecer la enseñanza de la ética en los futuros profesionales y funcionarios, porque tanto como las normas jurídicas, importa la preparación y la ética de quienes las interpretan y aplican.
Con sobrada razón dice el filósofo: “Las leyes no son buenas por lo bueno que ordenen, sino por lo bien que se guarden”, o también como dice Concepción Arenal: “El personal lo es todo. La regla es secundaria”. Dada la brevedad de estas líneas, próximamente comentaré el proyecto de reforma presentado, pues el espacio asignado no permite más por el momento.
