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Que los drones no sean de los delincuentes. El campo boyacense no puede vivir con miedo

En Iza y Firavitoba, Camilo denunció que delincuentes ingresaron a su finca y se llevaron varias pertenencias, entre ellas sillas de montar de valor sentimental, y que utilizaban drones durante la noche para observar los predios antes de cometer los robos.

Los vecinos han creado redes de alerta para informar a la Policía Nacional y a las autoridades locales, pero la comunidad advierte que la vigilancia vecinal no sustituye la presencia institucional. En Sogamoso, Iza y Firavitoba la Policía ya había desarticulado una estructura delictiva que realizaba estudios previos de sus objetivos, y en agosto de este año se reportaron nuevos robos a viviendas rurales, ganado y maquinaria, seguidos de otra desarticulación de bandas en varios municipios boyacenses.

El texto hace un llamado urgente a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Gobernación de Boyacá y a las administraciones municipales para implementar una estrategia permanente de seguridad rural que incluya patrullajes inteligentes, uso de tecnología para identificar y neutralizar drones sospechosos, y coordinación con las Juntas de Acción Comunal, garantizando que la tranquilidad del campo boyacense no sea vulnerada por la delincuencia.

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Hay conversaciones que uno termina y sigue su camino. Y hay otras que se quedan dando vueltas en la cabeza. Hace unos días tuve la oportunidad de recorrer algunos municipios de nuestra hermosa Boyacá. Fui a disfrutar de sus paisajes, de su gastronomía, de sus tradiciones y, sobre todo, de la calidad de su gente. En medio de ese recorrido llegué a Iza y Firavitoba, allí tuve la oportunidad de conversar con Camilo, un hombre del campo que me contó con tristeza que, pocos días antes, unos delincuentes habían ingresado a su finca y se habían llevado varias de sus pertenencias. Entre ellas, unas sillas de montar a caballo que para cualquiera podrían ser simplemente objetos, pero que para él tenían un enorme valor sentimental. Porque quienes conocemos el campo sabemos que allí muchas cosas tienen una historia detrás, una herramienta, un animal, una silla, una fotografía o cualquier objeto que ha acompañado durante años la vida de una familia puede valer mucho más de lo que dice una factura.

Pero Camilo no me habló solamente de lo que le habían robado. Me habló de la preocupación que existe entre sus vecinos. De personas que estarían haciendo seguimiento a los movimientos de las fincas, identificando cuándo sus propietarios entran y salen y esperando el momento en que los predios quedan solos. Y entonces apareció un elemento que hace que esta situación sea todavía más preocupante. El uso de drones durante la noche para observar desde el aire algunos predios rurales y conocer sus condiciones antes de ingresar. Esta es una denuncia que debe ser investigada por las autoridades, pero que no puede ser ignorada. Porque si los delincuentes están incorporando tecnología para hacer inteligencia sobre nuestros campesinos, la respuesta institucional no puede seguir siendo únicamente llegar después de que el delito ocurrió.

Lo más preocupante es que la comunidad se está viendo obligada a organizarse. En la zona existen grupos de comunicación entre vecinos y, ante la presencia de drones durante la noche, los habitantes se alertan entre ellos y buscan informar a las autoridades. El campesino está haciendo lo que puede para protegerse. Pero la solidaridad entre vecinos no puede convertirse en sustituto de la presencia del Estado. La comunidad puede alertar, acompañarse y cuidarse, pero la investigación criminal, la inteligencia, la prevención y la reacción corresponden también a las instituciones que tienen esa responsabilidad constitucional.

Y esto merece aún más atención cuando miramos lo que ha ocurrido en este territorio. Hace un tiempo, la Policía Nacional desarticuló una estructura delincuencial que había cometido hurtos a residencias en Sogamoso, Iza y Firavitoba, después de establecer que realizaban estudios previos de sus objetivos. En agosto de este año, habitantes del sur de Sogamoso denunciaron una sucesión de robos a viviendas rurales y reportaron también hurtos de ganado, maquinaria y productos agrícolas. Y recientemente la Policía informó la desarticulación de estructuras dedicadas al hurto de residencias en diferentes municipios de Boyacá. Todo esto debería llevarnos a comprender que la seguridad rural no puede seguir tratándose como un asunto secundario ni como una simple extensión de la seguridad urbana.

Desde la mirada de la Administración Pública Territorial, la seguridad también se planifica. Se construye con información, inteligencia, tecnología, presencia institucional, coordinación entre entidades y participación ciudadana. No basta con tener una patrulla que pasa ocasionalmente por una carretera conocida. No basta con que los delincuentes terminen conociendo de memoria las rutas y horarios de quienes deben combatirlos. Hay que leer el territorio, identificar los puntos críticos, escuchar a las Juntas de Acción Comunal, fortalecer los canales de comunicación con las veredas y utilizar la tecnología para anticiparse al delito. Si existen denuncias sobre drones utilizados para observar predios, hay que investigar quién los opera, desde dónde y con qué propósito. Si se identifican patrones de ingreso y salida de las fincas, hay que anticiparse a ellos. Si existen corredores rurales utilizados por los delincuentes, hay que intervenirlos con inteligencia y estrategia.

Por eso este es un llamado urgente a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Gobernación de Boyacá y a las administraciones municipales. El campo necesita una estrategia de seguridad rural permanente, no respuestas ocasionales después de que ocurre un robo. Necesita patrullajes inteligentes, presencia territorial, investigación criminal, tecnología y articulación con las comunidades. Y si los delincuentes están utilizando drones, que la institucionalidad tenga la capacidad de utilizar tecnología para identificarlos, hacer seguimiento y ponerla al servicio de la seguridad de nuestros campesinos.

También hay una responsabilidad que nos corresponde como comunidad. Ante la presencia de un dron en circunstancias sospechosas, especialmente durante la noche, hay que alertar inmediatamente a los vecinos, activar los grupos comunitarios y comunicarse con la Policía y el cuadrante. No exponerse, no confrontar y no ponerse en riesgo. Informar, registrar cuando sea seguro hacerlo y permitir que las autoridades hagan su trabajo. La seguridad empieza también por cuidarnos entre nosotros, pero no puede terminar ahí. Porque el campesino no puede terminar encerrándose en su propia finca mientras quienes delinquen sienten que pueden observarlo, estudiar sus movimientos y decidir cuándo entrar. No podemos normalizar que una familia tenga que mirar hacia el cielo con preocupación antes de cerrar la puerta de su casa. No podemos permitir que quienes trabajan honestamente para sostener a sus familias terminen viviendo con miedo en el mismo territorio que durante generaciones han construido.

A Camilo no solamente le robaron unas sillas de caballo. Le robaron una parte de su tranquilidad. Y cuando a un campesino le roban, no desaparece solamente una pertenencia, también se rompe un poco esa sensación de seguridad que debería acompañar a quien llega a su casa después de una jornada de trabajo.

El campo boyacense produce, alimenta, conserva nuestras tradiciones y sostiene buena parte de lo que somos. Merece carreteras, oportunidades, educación, desarrollo y, por supuesto, seguridad. No podemos permitir que los delincuentes conozcan mejor nuestro territorio que las instituciones encargadas de protegerlo.

Que los drones no sean de los delincuentes. Que la tecnología, la inteligencia y la fuerza institucional estén del lado de quienes madrugan a trabajar, de quienes producen y de quienes sostienen nuestras veredas. Porque el campo boyacense no puede vivir con miedo.

Boyacá Sie7e Días

Escrito por

Boyacá Sie7e Días

Publicado el 28 de septiembre de 2026 · 7:00 a. m.

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