Escucha este artículo
Audio generado con IA
La política tiene una regla no escrita: los adversarios más feroces pueden convertirse en aliados cuando perciben una amenaza común. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la elección de la Presidencia del Senado. La coincidencia entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para impedir la elección del candidato respaldado por el presidente Abelardo de la Espriella no fue una simple anécdota parlamentaria. Fue una demostración de que, en determinadas circunstancias, la lógica de preservación del sistema pesa más que las diferencias ideológicas.
Durante años, el Centro Democrático y el Pacto Histórico representaron los dos extremos de la política colombiana. Construyeron su identidad enfrentándose mutuamente, disputándose el poder y presentándose como proyectos incompatibles. Sin embargo, bastó una sola votación para que ambos encontraran un punto de convergencia: impedir que el nuevo presidente iniciara su mandato con influencia sobre una de las dignidades más importantes del Congreso.
Muchos interpretarán esta decisión como una defensa de la separación de poderes. En efecto, desde una perspectiva constitucional, el Congreso no está llamado a ser una prolongación del Ejecutivo. La independencia entre ramas del poder público constituye uno de los pilares del Estado de derecho, y la existencia de pesos y contrapesos evita la concentración del poder en una sola autoridad. Bajo esa lectura, la elección de un presidente del Senado distinto al candidato promovido por el Gobierno sería una expresión saludable de la autonomía del Legislativo.
Pero esa explicación, aunque válida, resulta incompleta.
La ciencia política ofrece otra interpretación a través de la teoría de los partidos cartel, desarrollada por Richard Katz y Peter Mair. Según estos autores, cuando los partidos alcanzan un alto grado de institucionalización, dejan de ser únicamente competidores electorales para convertirse también en actores interesados en preservar el funcionamiento del sistema que les permite mantener cuotas de poder. En ese escenario, las diferencias ideológicas pueden pasar a un segundo plano cuando aparece un actor capaz de alterar las reglas del juego.
Eso parece haber ocurrido en Colombia.
Más que una alianza programática entre la derecha y la izquierda, la votación reflejó una convergencia táctica frente a un presidente que muchos perciben como un outsider. No necesariamente porque sea ajeno a la política, sino porque llegó al poder sin pertenecer a las estructuras tradicionales que durante décadas organizaron la competencia política colombiana.
Desde esa óptica, impedir que Abelardo de la Espriella obtuviera el control de la Presidencia del Senado no solo limitaba su margen de maniobra legislativa. También enviaba un mensaje político: el nuevo Gobierno no tendría un camino despejado para imponer su agenda desde el primer día.
Paradójicamente, esa estrategia puede terminar fortaleciendo aquello que pretendía contener.
Una de las características de los liderazgos outsiders es la construcción de una narrativa según la cual existe un “establecimiento” que se resiste al cambio. Cuando partidos históricamente enfrentados terminan votando en el mismo sentido contra el Gobierno, esa narrativa encuentra un poderoso respaldo simbólico. Para muchos ciudadanos, la imagen que queda no es la de dos partidos defendiendo el equilibrio institucional, sino la de dos sectores tradicionales dejando de lado sus diferencias para proteger un mismo orden político.
No significa, por supuesto, que haya nacido una gran coalición entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Sus diferencias en materia económica, social, de seguridad y de modelo de Estado siguen siendo profundas. Tampoco puede afirmarse que gobernarán conjuntamente durante los próximos cuatro años.
Lo que sí parece haber surgido es una coalición negativa: una alianza coyuntural destinada a impedir que un solo actor concentre demasiado poder y a preservar la capacidad de influencia de los partidos ya establecidos dentro del Congreso. Es una forma de cooperación que no busca gobernar juntos, sino limitar al adversario común.
En una democracia, el sistema de pesos y contrapesos no solo es legítimo; es necesario. Ningún presidente debería controlar simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, también es cierto que la defensa de ese principio pierde fuerza cuando coincide con los intereses de quienes buscan conservar su posición dentro del sistema político.
Quizá esa sea la mayor lección que deja esta elección. El verdadero debate no consiste en preguntarse si el Congreso actuó dentro de sus competencias —porque lo hizo—, sino en identificar qué motivaciones coexistieron detrás de esa decisión. ¿Fue una defensa genuina de la independencia de poderes? ¿Fue un cálculo estratégico de los partidos tradicionales para contener a un nuevo actor político? Probablemente fueron ambas cosas al mismo tiempo.
La política rara vez responde a una sola explicación.
Lo que sí resulta innegable es que la primera gran victoria del Congreso también fue la primera gran derrota política del nuevo Gobierno. Y, como suele ocurrir con los outsiders, cada intento por contenerlos puede terminar alimentando el relato que los llevó al poder: el de un establecimiento que, aun dividido, es capaz de unirse cuando siente amenazada su propia supervivencia.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 24 de julio de 2026 · 7:00 a. m.
