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Así va el proceso contra el alcalde del municipio de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, privado de la libertad desde el pasado 7 de mayo:
Este viernes, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al mandatario de los villaleyvanos por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.
Ahora Gamboa Chaparro irá a juicio para responder ante un juez por los presuntos delitos que le achaca la Fiscalía General de la Nación, en un final inesperado para su periodo de gobierno.
En la audiencia del viernes también fue acusado —en la misma actuación— el particular Juan Camilo Sánchez Torres por el delito de concusión.
“De acuerdo con la investigación, el 8 de junio del 2025, presuntamente el alcalde exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, solicitó aumentar los honorarios pactados para el contratista, quien recibió pagos cercanos a 48 millones de pesos durante los 11 meses que prestó sus servicios”, aseguró el ente acusador.
La Fiscalía afirmó que, asimismo, el 4 de marzo del 2026, Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción.
“Aunque posteriormente retiró esa exigencia, dos días después expidió una resolución que, pese a un posible conflicto de intereses, habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa inicial de la empresaria de acceder a sus pretensiones económicas”, aseguró el organismo investigador.
Agregó que, como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.
“Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a 232 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Entretanto, el abogado Kristhian Yezid Amaya Chaparro denunció penalmente a María Victoria Solarte Daza, Misael Chávez Sánchez, José Alejandro Herrera Carvajal, Carlos Lleras Figueroa y a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en liquidación por la presunta comisión de los delitos de deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica previstos en los artículos 330, 333, 334 y 336 del Código Penal, respectivamente.
Según la denuncia, la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en liquidación promovió el desarrollo del proyecto denominado ‘Nuestra Señora del Buen Suceso – San Jacinto de Nelvic’, localizado en la vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva, proyecto respecto del cual ejercían funciones de dirección y administración los denunciados María Victoria Solarte Daza, José Alejandro Herrera Carvajal, Misael Chávez Sánchez y Carlos Lleras Figueroa.
“El proyecto se desarrolla sobre cuatro predios rurales que conforman una sola unidad material de intervención, con una extensión aproximada de 83.120 metros cuadrados, identificados plenamente en la certificación expedida por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva”, sostiene la denuncia.
Agrega que, mediante la Resolución No. 075 del 24 de mayo del 2022 fue otorgada licencia urbanística para la construcción de una vivienda unifamiliar, con un área aproximada de 551,12 metros cuadrados, autorización que no comprendía la ejecución de movimientos de tierra, excavaciones, construcción de lagunas artificiales ni intervenciones sobre cuerpos hídricos o áreas ambientalmente protegidas.
“Con posterioridad, los promotores del proyecto solicitaron la modificación de dicha licencia con el propósito de ampliar significativamente el alcance de las obras inicialmente autorizadas al punto de ejecutar obras para la creación de un lago artificial”, recalca el documento.
Manifiesta que, durante el análisis de dicha solicitud, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial estableció que los predios objeto del proyecto presentaban afectaciones derivadas de la cuenca del río Cane y de la microcuenca No. 24 de la quebrada El Roble, identificando la existencia de rondas de protección hídrica cuya preservación resultaba obligatoria.
Cita la denuncia que, como consecuencia de tales observaciones técnicas, la administración municipal negó la modificación de la licencia urbanística solicitada y posteriormente confirmó dicha determinación al resolver los recursos administrativos interpuestos por los interesados.
El denunciante expresa que, pese a esas decisiones administrativas, las intervenciones continuaron, y que posteriormente Corpoboyacá realizó una visita técnica al predio, en la cual fueron encontradas excavaciones, canales, zanjas, tuberías, adecuaciones hidráulicas, edificaciones y otras obras ejecutadas dentro del proyecto.
En síntesis, la denuncia plantea que el proyecto habría transformado de manera progresiva un ecosistema estratégico mediante la remoción de cobertura vegetal, tala de árboles, alteración del drenaje natural, excavaciones de gran escala y ocupación de sectores sometidos a protección ambiental.
Será tarea de la Fiscalía verificar si los hechos denunciados pueden adecuarse a cuatro figuras penales incorporadas en la legislación ambiental colombiana:
- Delito de deforestación, relacionado con la presunta remoción de árboles y cobertura vegetal sin autorización.
- Daños en los recursos naturales y ecocidio, figura fortalecida por la Ley 2111 del 2021 para sancionar afectaciones graves y sistemáticas sobre los ecosistemas.
- Contaminación ambiental, derivada de las modificaciones sobre el suelo y el recurso hídrico.
- Posible invasión de áreas de especial importancia ecológica, debido a que parte de las obras se habrían ejecutado sobre rondas hídricas, microcuencas y otras áreas sometidas a restricciones ambientales.
Visto esto, el escándalo por un proyecto urbanístico en Villa de Leyva, que hoy tiene al alcalde del municipio privado de la libertad y acusado formalmente, también termina salpicando a los denunciantes del mandatario por presuntos delitos contra el medio ambiente.
Un pulso en el que muy seguramente ambas partes terminarán perdiendo.
Escrito por
Héctor H. Rodríguez A.
Publicado el 19 de julio de 2026 · 6:00 a. m.
Director de Boyacá Sie7e Días
