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Cuando Manuel Antonio Noriega fue capturado en Panamá en 1989 y trasladado a Miami para ser juzgado por narcotráfico, el mundo asistió a un experimento jurídico y político sin precedentes: un jefe de Estado extranjero, en ejercicio, sometido a tribunales ordinarios de otro país sin una mediación multilateral. Estados Unidos argumentó entonces que Noriega no merecía inmunidad, pues —según su narrativa— era un delincuente y no un líder legítimo. El resto del mundo protestó, pero el costo político fue escaso: el fin de la Guerra Fría había dejado a Washington en una posición hegemónica y el derecho internacional, todavía en evolución, absorbió el golpe sin generar grandes contrapesos.
Casi cuatro décadas después, la captura y juzgamiento de Nicolás Maduro vuelve a forzar esa frontera. Aunque las circunstancias son distintas —no hubo invasión total, sino una operación militar puntual— la lógica jurídica es inquietantemente similar. Estados Unidos sostiene que Maduro no tiene inmunidad porque no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela y porque los delitos que se le atribuyen (narcotráfico, conspiración, corrupción) no son actos oficiales sino criminales. Maduro, por su parte, se declara presidente constitucional, se define como prisionero de guerra y denuncia una violación flagrante del derecho internacional.
Lo que está en juego no es solo la situación personal de Maduro, sino el principio que protege a los jefes de Estado de ser juzgados en cortes extranjeras. La inmunidad de jefe de Estado —consagrada en la costumbre internacional y reforzada por la jurisprudencia— existe por una razón estructural: evitar que un país criminalice la política exterior o interna de otro y capture a sus líderes según conveniencias estratégicas. La excepción prevista en el derecho internacional es clara: cuando existen crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad), el foro competente son tribunales internacionales o híbridos, no cortes domésticas. Al saltarse esa vía y llevar a Maduro ante un juez federal estadounidense, Washington altera el funcionamiento del sistema.
Esto no es un debate abstracto. Si se acepta que un Estado puede decidir unilateralmente que el líder de otro país no es legítimo y, en consecuencia, no tiene inmunidad, se abre una caja de Pandora geopolítica. ¿Podría Francia detener al presidente de Turquía por violaciones a derechos humanos? ¿Podría China capturar al presidente de Taiwán bajo acusaciones de separatismo? ¿Podría Rusia juzgar a líderes de Ucrania por supuestos crímenes? La respuesta, hoy, es no en términos jurídicos, pero sí en términos fácticos si el precedente se normaliza.
La comparación con Noriega muestra, además, la dimensión política del asunto. En 1989, Washington pudo imponer su interpretación porque no existían potencias capaces de contrapesarla y porque la región estaba fragmentada. En 2026, el escenario es otro: China y Rusia condenan abiertamente la operación; México denuncia una intervención militar; en foros multilaterales se habla de “violación a la soberanía” y de “erosión del orden internacional”. La acción estadounidense deja de ser un acto aislado para convertirse en un problema sistémico: la redefinición unilateral de la inmunidad estatal en un contexto global multipolar.
Ese es el punto crucial: no es que Estados Unidos desconozca la inmunidad, sino que la redefine según criterios propios —legitimidad política interna, naturaleza de los delitos, reconocimiento diplomático—, desanclándola del marco jurídico internacional. En la práctica, eso convierte la inmunidad en un privilegio condicionado por la política exterior estadounidense, y no en una norma general aplicable a todos los Estados.
El precedente Noriega fue el ensayo; el caso Maduro puede ser la validación. Y si ese proceso cristaliza, el derecho internacional se desliza hacia un escenario donde ya no sirve como barrera frente a la fuerza, sino como una herramienta moldeable por las potencias. El resultado no es solo un mundo menos previsible, sino uno donde los jefes de Estado —sobre todo los débiles— dependen menos del derecho y más de su alineamiento estratégico.
La inmunidad de los líderes es una institución diseñada para proteger al sistema internacional, no a las personas. Por eso el debate no es si Maduro merece o no ser juzgado; es quién tiene la competencia para hacerlo y bajo qué reglas. Si la respuesta deja de estar en La Haya, en Nueva York o en tratados multilaterales, y pasa a depender de Washington —o de cualquier otra potencia que pueda copiar el modelo—, entonces el precedente habrá cumplido su función: reescribir el equilibrio entre derecho y poder.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 8 de enero de 2026 · 9:28 a. m.
