La administración municipal aseguró que respetará el fallo, pero que también ejercerá los recursos legales necesarios para que prevalezca el derecho colectivo.
Villa de Leyva, plaza principal. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días
Villa de Leyva, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, enfrenta un nuevo reto jurídico y social tras el reciente fallo del Juzgado Tercero con Funciones Mixtas de Villa de Leyva, que ordenó a la Alcaldía abstenerse de impedir la venta informal de una ciudadana en el espacio público, mientras se le garantizan condiciones dignas de trabajo o una alternativa de reubicación.
La decisión judicial, que busca proteger los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de una mujer adulta mayor que durante años ha vendido juguetes en la plaza principal, ha abierto un debate profundo sobre los límites entre la protección individual y el interés colectivo de una ciudad que vive del turismo, la seguridad y la conservación de su patrimonio.
La administración municipal, en un comunicado oficial, aseguró que respetará el fallo, pero que también ejercerá los recursos legales necesarios para que prevalezca el derecho colectivo a la convivencia, la movilidad, la seguridad y el uso ordenado del espacio público.
El pronunciamiento enfatiza que Villa de Leyva, como municipio patrimonial y turístico, debe mantener la armonía entre quienes viven del turismo y quienes lo disfrutan.
Sin embargo, la preocupación de fondo radica en los riesgos que podría generar la pérdida del control sobre el espacio público. Voceros del comercio organizado y autoridades locales advierten que permitir la proliferación de ventas informales sin regulación podría abrir la puerta a fenómenos más complejos, como el microtráfico de estupefacientes, el turismo sexual y el aumento de riñas callejeras, problemas que, según la administración, podrían distorsionar la esencia misma de Villa de Leyva: una ciudad tranquila, segura y atractiva para el visitante nacional e internacional.
El alcalde ha insistido en que los controles al espacio público no buscan “perseguir a nadie”, sino evitar que la informalidad desbordada comprometa la seguridad, la movilidad y el orden urbano.
“El espacio público pertenece a todos, y su uso debe garantizar la tranquilidad, la estética y el bienestar colectivo”, manifestó un portavoz del Gobierno local.
No obstante, la administración municipal también ha mostrado disposición para atender el trasfondo social de esta problemática. Según el mismo comunicado, ya se adelantan los trámites para habilitar un área especial, adecuada y debidamente equipada, donde los vendedores informales puedan ejercer su labor de manera digna, ordenada y sin afectar el entorno patrimonial.
Esa medida busca dar un equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y la responsabilidad de preservar el modelo de ciudad que ha hecho de Villa de Leyva un referente turístico y cultural.
“Queremos que quienes trabajan en la informalidad puedan hacerlo con dignidad, pero también que la ciudad conserve su tranquilidad, su armonía y su atractivo para los visitantes”, expresó un funcionario de la Secretaría de Gobierno.
En ese contexto, el municipio se enfrenta a un dilema que no es solo legal, sino también social y ético: ¿cómo proteger los derechos de los más vulnerables sin poner en riesgo el orden colectivo y el patrimonio común?
Mientras se avanza en la impugnación del fallo y en la creación del espacio destinado a los vendedores, el debate sigue abierto. Para Villa de Leyva, la decisión que se tome en torno al uso del espacio público no solo marcará la forma en que se gestiona la informalidad, sino también el futuro del turismo y de la convivencia en una ciudad que ha hecho de la serenidad y el respeto por su historia su principal atractivo.
L.F.L.R.
