La historia de los pueblos está marcada por momentos que ponen a prueba la madurez de sus instituciones. Las decisiones judiciales, en especial aquellas que involucran figuras de alto impacto político y social, suelen despertar pasiones, dividir opiniones y generar incertidumbre. Lo estamos viviendo en Colombia con el fallo judicial emitido recientemente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Desde mi experiencia como fiscal, y como mujer que ha servido a la administración pública en distintas funciones, creo firmemente en el Estado de derecho y en la necesidad de respetar las decisiones de los jueces. Pero también sé que la justicia no se agota en un solo fallo. Nuestro sistema penal está diseñado precisamente con la posibilidad de que las decisiones sean revisadas en etapas posteriores, incluso ya por jueces colegiados. Por eso existen las instancias superiores: para corregir posibles errores, profundizar en el análisis jurídico y garantizar que el debido proceso se cumpla en todas sus fases.
A lo largo de la historia, muchos líderes han atravesado procesos complejos en medio de tensiones sociales. No es nuevo que la justicia sea escenario de debates profundos y controversiales. En países como Francia, Estados Unidos, Sudáfrica o Chile, procesos judiciales contra expresidentes o figuras históricas han tenido impacto político, pero han seguido su curso hasta agotar todas las instancias.
Un ejemplo histórico que ilustra cómo los fallos judiciales pueden estar marcados por el contexto político es el de Nelson Mandela. En 1964 fue condenado a cadena perpetua por sabotaje bajo el régimen del apartheid. Décadas después, su condena fue vista como una injusticia histórica, y él se convirtió en presidente y símbolo mundial de reconciliación. Su caso demuestra que un fallo no siempre es el punto final, y que la historia, con el tiempo, pone cada decisión en su lugar y da un nivel de certeza que no da lugar a especulaciones o sinsabor a los miembros de un conglomerado.
Hoy más que nunca, Colombia necesita serenidad institucional. Es natural que existan posturas encontradas frente a este fallo, pero lo cierto es que el proceso no ha concluido. Aún restan dos etapas claves: la apelación y la eventual revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Solo cuando esas instancias se hayan agotado, podrá hablarse de una verdad judicial definitiva.
Este no es el final del proceso, ni de la historia. Es apenas un paso más en el camino de la justicia. Confiemos en que las instituciones harán lo que les corresponde, con independencia y rigor. La democracia no se trata de unanimidades, sino de respeto por los procedimientos y las garantías que protegen a todos por igual, nunca deberá ser instrumentalizada para intereses de unos u otros, porque se corre el riesgo de que se cometan injusticias, que a largo plazo afecten a toda una sociedad.somos y de lo que podemos lograr.
