La transición energética no es reemplazo. Es adición. Y Boyacá tiene mucho que sumar

14/10/2026

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En agosto de 2025 los mineros de carbón paralizaron la actividad en Paipa y municipios como Samacá, Sogamoso, Tópaga, Socha y Mongua, exigiendo seguridad jurídica y una transición concertada. La producción nacional cayó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a cerca de 51 millones en 2025, y desde 2023 el sector ha perdido más de 25 000 empleos directos y unos 100 000 indirectos. Boyacá aportó 38,5 % del coque exportado por Colombia en 2025, cuyo precio promedio descendió alrededor de 21 % frente a 2024.

La transición energética debe entenderse como una adición y no como un reemplazo abrupto. Descarbonizar implica mayor demanda de minerales: un vehículo eléctrico requiere seis veces más recursos que uno convencional, y la generación solar o eólica necesita más cobre por megavatio que una central térmica. Aproximadamente 70 % del acero mundial sigue produciéndose en altos hornos con carbón metalúrgico convertido en coque, el mismo que proviene de nuestras minas. A nivel geopolítico, China refina más del 90 % del grafito y tierras raras, mientras que el Congo concentra el cobalto y el triángulo del litio se sitúa en nuestra región.

Boyacá cuenta con décadas de saber minero, una siderúrgica integrada con 78 años de historia, cementeras, caleras y generación térmica en Paipa, además de una ubicación estratégica en el centro del país. La propuesta es capturar el metano de minas subterráneas, modernizar coquizadoras, convertir áreas mineras cerradas en granjas solares y reorientar el talento minero hacia proyectos energéticos y comunidades energéticas. El Comité del Paro Minero ha reiterado la necesidad de una hoja de ruta “ordenada, justa, gradual y responsable”, con plazos, financiación y metas medibles, para que Boyacá pase de ser un receptor de la transición a un constructor activo de la nueva matriz energética.

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En agosto de 2025, los pequeños mineros del carbón mantuvieron a Boyacá en paro durante varios días, con Paipa como uno de sus principales puntos de bloqueo. Lo que pedían era seguridad jurídica, que dejaran de tratarlos como criminales y una transición concertada con ellos. La crisis no ha cedido. Según Fenalcarbón, la producción nacional de carbón pasó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a cerca de 51 millones en 2025, y desde 2023 el sector ha perdido más de 25.000 empleos directos y unos 100.000 indirectos. Boyacá lo siente con especial fuerza. De aquí salió el 38,5 % del coque exportado por Colombia en 2025, y su precio promedio cayó cerca del 21 % frente a 2024, según la UPME. Detrás de esas cifras están los socavones de Samacá, Sogamoso, Tópaga, Paipa, Socha y Mongua, y familias que llevan generaciones viviendo de ellos.

A Boyacá le han contado la transición energética como una sentencia. La conversación pública se ha planteado como si hubiera que apagar traumáticamente las fuentes convencionales para prender las renovables. Eso no es cierto. La transición real consiste en integrar tecnologías de bajas emisiones dentro de las matrices existentes, de manera progresiva y ordenada, sin paralizar la industria ni erosionar la competitividad de los territorios. Esa palabra, adición, debería ser el centro del debate en Boyacá.

La electrificación del planeta tiene una verdad incómoda, y es que descarbonizar requiere más minería. Según la Agencia Internacional de Energía, un vehículo eléctrico necesita aproximadamente seis veces más minerales que uno convencional, y una planta solar o un parque eólico requieren mucho más cobre por megavatio que una central térmica. No hay paneles sin aluminio, la mayoría de las baterías dependen del litio y buena parte de los aerogeneradores modernos usa imanes de tierras raras como el neodimio. Y hay un dato que en Boyacá se entiende de inmediato. No hay turbinas eólicas, torres de transmisión ni estructuras solares sin acero, y cerca del 70 % del acero del mundo todavía se produce en altos hornos con carbón metalúrgico convertido en coque, el mismo que sale de buena parte de nuestras minas.

La geopolítica de la energía ya cambió. China refina más del 90 % del grafito y las tierras raras del mundo, según la AIE. El Congo concentra el cobalto y el triángulo del litio está en nuestra región. Aun así, en Colombia seguimos reduciendo la discusión a “carbón sí o carbón no”, como si estuviéramos importando el debate europeo en lugar de construir el nuestro. La transición exige una estrategia propia, construida sobre ventajas reales, y las de Boyacá son concretas. El departamento cuenta con generaciones de saber minero subterráneo, una siderúrgica integrada que acaba de cumplir 78 años, cementeras y caleras, generación térmica en Paipa y una ubicación estratégica frente al centro del país.

Nada de esto puede ignorar lo social y lo ambiental. Boyacá conoce de primera mano el costo de la minería mal hecha, que se traduce en accidentes en socavones, informalidad, aguas ácidas y presión sobre páramos y fuentes hídricas. Por eso la minería que acompañe la transición debe ser distinta, es decir, formalizada, tecnificada, con seguridad minera real, estándares ESG estrictos, trazabilidad y beneficio para los municipios donde se extrae. No es minería sí o no. Es cómo, dónde, bajo qué gobernanza y para qué fin.

¿Qué significa esto en la práctica? Que Boyacá debe ver la transición como una oportunidad de valor agregado y no como una amenaza. Podemos capturar y aprovechar el metano de las minas subterráneas, que hoy es a la vez un riesgo mortal y una emisión desperdiciada; modernizar las coquizadoras y llevar eficiencia energética al acero, el cemento y la cal; convertir áreas mineras cerradas en granjas solares; y reconvertir el talento minero hacia el montaje, la operación y el mantenimiento de proyectos energéticos y comunidades energéticas. Boyacá puede ser el puente entre la economía del carbón y la de las nuevas energías.

Pero hay una condición que quiero dejar clara. La transición del departamento debe ser justa, ordenada y, sobre todo, integrada. No puede ser Boyacá contra La Guajira y el Cesar ni mineros contra ambientalistas. Cada actor tiene un rol dentro del mismo rompecabezas. Lo acordado en Paipa en 2025 tiene que convertirse en una hoja de ruta con plazos, financiación y metas medibles, y no quedarse en un acta. Ya en febrero los carboneros de Paipa advertían que eran muy pocos los compromisos cumplidos, y en estos días el Comité del Paro Minero volvió a pedir una transición “ordenada, justa, gradual y responsable”. El norte no es sustituir una matriz por otra; es agregar capacidades, sumar tecnologías y coordinar valor.

La transición energética no la ganarán quienes cambien de tecnología más rápido, sino quienes entiendan que el verdadero poder está en las cadenas de valor que sostienen esa tecnología. Boyacá tiene una oportunidad irrepetible para dejar de ser el departamento al que la transición “le pasa” y convertirse en uno de los que la construyen. Ese cambio empieza por el lenguaje. La transición no es reemplazo. Es adición. Y Boyacá, que lleva generaciones sacando energía de la tierra, tiene mucho que sumar.