Cuando discrepar empieza a costar #ColumnistaInvitado

La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), después de más de trece años al frente del gremio, no es simplemente el relevo de un dirigente empresarial.

Su salida abre una discusión incómoda sobre la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y los sectores económicos organizados, pero, sobre todo, sobre la manera en que el poder político asume las críticas de quienes no están dispuestos a respaldar todas sus decisiones.

En su carta de renuncia, Mac Master habló de “múltiples presiones” que estaban afectando la capacidad de la ANDI para actuar con autonomía. El Gobierno, por su parte, ha defendido el carácter autónomo de la decisión.

Sin embargo, las versiones periodísticas sobre presuntas presiones y restricciones a la interlocución del dirigente con funcionarios del Ejecutivo han convertido su salida en un asunto que trasciende los pasillos empresariales. La pregunta de fondo no es solamente por qué se va Mac Master, sino qué revela este episodio sobre la relación entre el Gobierno y quienes se atreven a cuestionarlo.

Para entender la dimensión de lo ocurrido, vale la pena mirar hacia atrás y comparar la relación que Mac Master mantuvo con Gustavo Petro con la que terminó teniendo con Abelardo de la Espriella.

Durante el Gobierno Petro, la ANDI fue una de las voces más críticas frente a las reformas laboral, tributaria y de salud, así como frente a distintas decisiones en materia económica y energética.

Los desacuerdos fueron públicos y, en ocasiones, los intercambios entre el presidente y el dirigente empresarial alcanzaron un tono considerablemente áspero.

Sin embargo, pese a las diferencias ideológicas y a los episodios de confrontación, hubo reuniones, conversaciones con ministros y espacios de negociación. La relación estuvo lejos de ser cordial, pero la crítica y la interlocución pudieron coexistir durante buena parte de ese periodo.

Mac Master cuestionaba las decisiones del Gobierno sin que ello significara, al menos de manera generalizada, el fin de su papel como interlocutor de los empresarios ante el Estado. La diferencia no es menor: una cosa es tener un Gobierno que responde a las críticas y otra, muy distinta, es que la discrepancia termine comprometiendo los canales de diálogo.

La paradoja aparece con Abelardo de la Espriella. Un Gobierno que llegó al poder con un discurso favorable a la empresa privada y a la iniciativa empresarial habría tenido, en principio, mejores condiciones para construir una relación fluida con la ANDI.

Sin embargo, esa cercanía ideológica no impidió que surgieran tensiones que terminaron con la renuncia de quien había dirigido el gremio durante más de una década.

El episodio demuestra que compartir una visión económica no significa necesariamente compartir una concepción sobre la autonomía de las organizaciones que representan intereses particulares. Los empresarios pueden defender la libre empresa, respaldar determinadas políticas del Ejecutivo y, al mismo tiempo, cuestionar otras decisiones.

Un gremio no existe para convertirse en el comité empresarial de un Gobierno, sino para representar a sus afiliados, formular propuestas y advertir sobre las consecuencias que pueden tener las políticas públicas.

Si esa función se confunde con la obligación de mantener una relación políticamente cómoda con el poder, la representación gremial corre el riesgo de perder independencia.

Por supuesto, tener diferencias con un dirigente empresarial no constituye, por sí mismo, un problema institucional. Los gobiernos tienen derecho a controvertir los argumentos de los gremios, cuestionar sus propuestas y defender sus propias políticas.

Del mismo modo, los gremios tienen derecho a expresar sus desacuerdos sin que ello se interprete automáticamente como una declaración de oposición política.

El problema aparece cuando la discrepancia comienza a percibirse como un obstáculo para mantener canales normales de interlocución.

Si las versiones sobre presiones y restricciones al diálogo se confirmaran, estaríamos ante una situación que merece especial atención, porque el costo de la confrontación no recaería únicamente sobre Mac Master, sino que podría modificar el comportamiento de otros dirigentes.

No hace falta una prohibición expresa para generar autocensura. Basta con que los representantes de distintos sectores empiecen a considerar que una crítica demasiado fuerte puede cerrarles las puertas del Gobierno.

En ese escenario, algunos podrían optar por moderar sus posiciones, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque temen perder capacidad de influencia.

Las consecuencias también podrían perjudicar al propio Ejecutivo. La interlocución con los gremios no es una concesión que el Gobierno les hace a los empresarios, sino una herramienta que necesita para gobernar mejor.

Las organizaciones empresariales conocen de primera mano las dificultades de sus sectores, las condiciones de inversión, los costos de producción y los efectos que pueden tener las decisiones regulatorias sobre el empleo y la actividad económica.

Escucharlas no obliga al Gobierno a aceptar todas sus recomendaciones, pero sí le permite contrastar información, anticipar problemas y construir políticas con mayores elementos de juicio.

Cuando la relación se deteriora hasta el punto de convertir al interlocutor en un adversario, el Estado también pierde una fuente de información relevante. Gobernar no consiste en evitar las críticas, sino en tener la capacidad de procesarlas sin renunciar a la autoridad ni cerrar los espacios de deliberación.

Por eso, el caso Mac Master no debería convertirse en una defensa incondicional de la ANDI ni en una disputa sobre quién salió vencedor de un pulso político. Los gremios también representan intereses particulares y sus posiciones deben someterse al debate público, especialmente cuando sus propuestas tienen efectos sobre los trabajadores, los consumidores y la sociedad en general. Pero reconocer esa realidad no significa desconocer su legitimidad como interlocutores.

Una democracia pluralista no exige que el Gobierno y los empresarios estén siempre de acuerdo, exige que sus diferencias puedan tramitarse mediante la discusión, la negociación y el respeto por la autonomía de cada parte. La institucionalidad no se fortalece cuando los actores económicos respaldan al Ejecutivo por afinidad ideológica, sino cuando pueden mantener una posición independiente sin que esa independencia se convierta en una barrera para participar en los asuntos públicos.

El verdadero examen para el Gobierno de Abelardo de la Espriella estará en lo que ocurra después de la salida de Mac Master. La relación con la ANDI, Fenalco, la SAC, Asobancaria y los demás gremios estará inevitablemente atravesada por desacuerdos sobre salarios, impuestos, regulación, inversión y política económica.

Los próximos escenarios de concertación entre empresarios, trabajadores y Gobierno permitirán observar si prevalece una lógica de diálogo institucional o si la cercanía política termina adquiriendo un peso excesivo en la relación con los sectores organizados.

El relevo en la presidencia de la ANDI podrá facilitar una nueva etapa de conversaciones, pero la verdadera medida de esa recomposición no será la ausencia de críticas, sino la capacidad del Gobierno para escucharlas y responderlas sin convertirlas en un problema de lealtad.

Al final, la discusión no consiste en determinar si Bruce Mac Master debía permanecer en su cargo ni en establecer quién ganó el enfrentamiento. Lo que está en juego es una regla elemental de la vida democrática: el Gobierno tiene legitimidad para tomar decisiones, pero los gremios conservan la autonomía para cuestionarlas.

Ninguno está obligado a aceptar los argumentos del otro, aunque ambos necesitan reconocerse como interlocutores legítimos. Cuando el desacuerdo se convierte en motivo para cerrar espacios de diálogo, la relación deja de ser una simple disputa política y empieza a comprometer la calidad de la deliberación pública.

La verdadera fortaleza de un Gobierno no se demuestra por la cantidad de aliados que consigue, sino por su capacidad para escuchar a quienes lo contradicen. Porque la institucionalidad no se pone a prueba cuando todos están de acuerdo, sino cuando el desacuerdo se vuelve inevitable.