Procuraduría formuló cargos a dos funcionarios de la Gobernación por compra de chalecos para la Policía

06/10/2026

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra María Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno de Boyacá, y William Yesid Archila Cárdenas, entonces secretario de Contratación, por presuntas irregularidades en la compra de chalecos blindados para la Policía, contrato cuyo valor supera los $5.000 millones.

Según la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá, el proceso incluyó una exigencia que obligaba a los oferentes a acreditar que la tela de los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo, requisito que habría limitado la pluralidad de oferentes y vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva. En los documentos contractuales no se aportó estudio que demostrara un riesgo real para los uniformados, y la entidad constató la ausencia total de ataques con dispositivos tipo taser contra efectivos en el departamento.

Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

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Según la Procuraduría, al parecer se fijaron requisitos desproporcionados que limitaron la pluralidad de oferentes y la igualdad entre los participantes en el proceso de selección.

_{William Yesid Archila Cárdenas y María Alejandra Pico Gama. Fotos: archivo particular}

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y el entonces secretario de Contratación, William Yesid Archila Cárdenas, por presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos blindados para la Policía, por un valor superior a los $ 5.000 millones.

Según la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá, las posibles irregularidades estarían relacionadas con una de las exigencias establecidas durante el proceso de selección, que pedía a los interesados acreditar que la tela utilizada en los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo.

“Exigencia que pudo vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal, al limitar la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la igualdad de condiciones entre los participantes en el proceso de selección”, indicó el ente de control.

En este aspecto, la Procuraduría señaló que en los documentos del proceso contractual no se aportó ningún estudio que demostrara que los uniformados estaban expuestos a un riesgo que ameritara dicha protección, así como se constató la ausencia total de ataques con dispositivos tipo táser contra los efectivos en el departamento de Boyacá.

“Por lo tanto, al no existir una necesidad real ni un riesgo probado, fijar este requisito podría resultar desproporcionado, arbitrario y carente de motivación técnica y fáctica”, sostuvo.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.