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Cárcel en altamar, ¿una solución…? #ColumnistaInvitado

El Gobierno colombiano, a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y bajo la dirección del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado la iniciativa de crear cárceles en altamar como respuesta al caos y la violencia que se vive en el sistema penitenciario terrestre.

El modelo contempla celdas individuales de cuatro por cuatro metros sin comunicación interna ni externa, con un tiempo limitado de exposición al aire libre de 30 minutos al día. Está dirigido a personas procesadas por terrorismo, narcotráfico y liderazgo de mafias, y se apoya en la cifra de 12 % de más de 3 000 denuncias por extorsión que, según la propuesta, provienen de los centros penitenciarios actuales.

Los analistas advierten que la medida podría resultar altamente onerosa, ya que mantener embarcaciones en el mar implica costos logísticos y operativos significativos, sin una estimación clara del presupuesto. La viabilidad económica y la capacidad de garantizar los estándares de seguridad y condiciones humanas serán determinantes para decidir si esta alternativa se implementa o se buscan otras soluciones al problema penitenciario.

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Dentro de las diferentes novedades que el Gobierno actual de nuestro país viene presentando, existe una que ha causado mayor impacto y relevancia para lograr ofrecer la seguridad pública que hoy es de notable importancia para generar condiciones donde la confianza sea el elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Dicho elemento corresponde a la creación de “cárceles o sitios de reclusión en altamar”, como una forma de neutralizar el gran caos que hoy representa nuestro sistema penitenciario y carcelario en Colombia, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad pública que es orientada a través del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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Los constantes hechos que se han suscitado en estos establecimientos penitenciarios, donde impera más el delito adentro que afuera, y las malas formas del comportamiento humano en estas sedes es particular, exigen tomar medidas más drásticas y novedosas donde la contravención sea neutralizada y sometida, para lograr brindar a nuestra sociedad, un ambiente de serenidad y paz.

Por tal razón, resulta novedosa la medida y será el tiempo el que demuestre su efectividad y condiciones para institucionalizarlo o pensar en otras condiciones o sistemas que procuren generar medidas para lograr superar los altos índices de delitos que se cometen en estos establecimientos por falta de buenos controles, seguimientos y de una verdadera formación del personal adscrito para su vigilancia, tanto administrativo como operativo; el 12 %, según el sustento que trae la iniciativa de crear cárceles en altamar, de más de 3.000 denuncias por extorsión salen de estos centros de reclusión.

La medida, en primera instancia, resulta buena, pues pensar en conducir grupos de delincuentes a estos lugares, personas que han estafado, intimidado, presionado y ordenado ultimar vidas, da tranquilidad para una sociedad que le ha tocado sufrir la cantidad de pillajes que han sido objeto; allí no entrará ni saldrá ningún tipo de información que pueda llegar a afectar a nuestras comunidades, pues estas personas quedarán aisladas de toda comunicación y solamente tendrán la información que por derecho propio les pueda conceder la ley.

Debemos aclarar que esta propuesta de implementar cárceles en altamar va dirigida a todas aquellas personas que están siendo procesadas por terrorismo, narcotráfico y se constituyen en capos de mafias que, utilizando su poder ilícito y mafioso, generan acciones para seguir delinquiendo desde estos centros penitenciarios, que no se han podido controlar y, que por lo demás, no han dado ningún resultado de resocialización, por el contrario, se han constituido en lugares de lujo, con todas las comodidades que un sitio de bien pueda tener, para seguir delinquiendo y cometiendo toda clase de violaciones y desórdenes que afectan directamente a nuestra institucionalidad.

El modelo contempla organizar celdas individuales de cuatro por cuatro metros sin ningún tipo de comunicación interna o externa; tendrán un tiempo límite de exposición al aire libre de 30 minutos al día y la seguridad de los mismos internos será muy precisa para evitar fugas o atentados al sistema; el costo de esta iniciativa está por establecerse, ya que ello depende de las condiciones logísticas y de los diferentes elementos en seguridad que deba poseer.

Hoy tener en tierra un detenido, cumpliendo su condena, representa una erogación económica para el Estado en varios millones de pesos al mes; con la presente propuesta su costo sería altamente oneroso dada la población mayor o menor de internos que se logren llevar a este lugar, es decir, si su población de internos para recluir en estas cárceles es menor su costo sería alto como si su población es mayor, en ambas condiciones el costo es muy significativo y ya serán los análisis económicos y presupuestales que la nación tenga a bien direccionar para lograr atacar este flagelo que día por día crece cada vez más.

Las diferentes políticas de seguridad que hoy vienen siendo implementadas por el Gobierno serán las que, en su momento, determinen si la presente propuesta es viable o si lo que se requiere es otra alternativa que dé mayor tranquilidad en términos económicos, financieros y operativos, pues no es tan fácil mantener una embarcación en el mar que exige un control riguroso y donde las condiciones humanas como sus instalaciones físicas de la embarcación estén cumpliendo con todos los estándares de operatividad y manejo del sistema.

Aspiramos que la presente propuesta se logre desarrollar con toda la responsabilidad que dicho tema exige, pues, de lo contrario, sería una frustración más al lamentable sistema penitenciario que tenemos.

Boyacá Sie7e Días

Escrito por

Boyacá Sie7e Días

Publicado el 20 de septiembre de 2026 · 9:00 a. m.

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