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Admiten acción popular por contratos de ferias y fiestas y otros durante la actual administración municipal.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama admitió una acción popular en contra del municipio de Santa Rosa de Viterbo y de la Fundación Soñando por Nuestro Mundo (Funmundo), por cuatro contratos suscritos entre el 2024 y el 2026 que suman cerca de 1.873 millones de pesos en recursos públicos.
La demanda, presentada por Saúl Miguel Torres Izquierdo, busca determinar si en esos procesos se vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público.
“Admitir la demanda en contra del municipio de Santa Rosa de Viterbo y la Fundación Soñando por Nuestro Mundo (Funmundo), deprecando el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, presuntamente amenazados o vulnerados por la entidad territorial accionada, con ocasión del trámite de cuatro procesos de convocatoria a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)”, indica el documento del Juzgado.
El documento del Juzgado refiere los contratos identificados así:
- MSRV-RE-006 del 2024 por un valor de $ 569.782.000.
- MSRV-RE-008 del 2025 por una cantidad de $ 257.523.989,80.
- MSRV-RE-002 del 2026 por la suma de $ 281.149.000.
- MSRV-RE-005 del 2026 por $ 765.000.000.
Todos son contratos adjudicados por la Alcaldía de Santa Rosa de Viterbo a Funmundo, con domicilio en Tunja, registrada oficialmente para actividades de atención a personas mayores y en condición de discapacidad, de acuerdo con registros empresariales públicos.
El despacho judicial aclaró que la admisión de la demanda no implica una declaración de responsabilidad ni de irregularidad en contra del alcalde, Juan Alexis Martínez, del municipio o de la fundación. Significa, en cambio, que la acción reunió los requisitos legales para iniciar el trámite correspondiente.
El Juzgado ordenó notificar a las partes demandadas, conceder los términos para que ejerzan su defensa y solicitar pruebas, además de disponer la intervención del Ministerio Público y la notificación a la Defensoría del Pueblo.
El proceso plantea un interrogante central: por qué, en tres vigencias distintas, cuatro contratos con entidades sin ánimo de lucro por un valor cercano a los 1.873 millones de pesos terminaron en manos de la misma organización.
Será la etapa probatoria del proceso judicial la que determine si hubo o no irregularidades en la contratación.
La acción popular apenas inicia su trámite y se espera que en las próximas semanas el municipio y la fundación presenten su respuesta ante el despacho de Duitama.
Escrito por
Yanneth Fracica
Publicado el 16 de septiembre de 2026 · 11:00 a. m.
Periodista Boyacá Sie7e Días
