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El presidente ejecutivo de la cámara asegura que no ha recibido requerimientos de la Contraloría ni de la Procuraduría por este caso.
La Cámara de Comercio de Tunja (CCT) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) acordaron modificar las condiciones relacionadas con el uso y arrendamiento del Pozo de Donato, luego de la controversia tras un hallazgo de la Contraloría que advirtió un posible detrimento patrimonial superior a los 1.000 millones de pesos.
El presidente ejecutivo de la CCT, Sergio Tolosa, reiteró que el inmueble es propiedad de la UPTC y su administración por parte de la Cámara se remonta a un convenio suscrito en 1988. En ese momento la universidad acudió a la Cámara para solicitar apoyo en el mantenimiento del lugar, debido a las problemáticas de seguridad y deterioro que presentaba.
Posteriormente, ante los costos que representaba el mantenimiento del sitio, se optó por permitir su arrendamiento a un empresario, de manera que los recursos obtenidos sirvieran para su sostenimiento. Sin embargo, las condiciones del contrato o, mejor dicho, el valor de la cuota de arriendo, terminaron generando cuestionamientos por parte de los entes de control.
Uno de los principales puntos que el nuevo presidente ejecutivo ha subrayado fue la renovación automática del contrato de arrendamiento por cinco años, que se habría producido tres meses antes de que surgiera el reciente escándalo.
“Resulta que, después de que salieron a armar semejante tierrero, tres meses antes, solo tres meses antes, se les había renovado automáticamente el contrato del Pozo de Donato por cinco años más. Es decir, a la persona que está en este momento como arrendataria del Pozo de Donato se le renovó el contrato hasta el 2031”, aseguró Tolosa.
Ante este escenario, la actual administración de la entidad mercantil inició conversaciones con el rector de la UPTC para modificar las condiciones. Como resultado, se logró llevar nuevamente el plazo del contrato hasta agosto del 2027. Otro de los cambios acordados fue el valor del arrendamiento, que pasó de 6 millones a aproximadamente 17 millones de pesos mensuales.
Frente a los cuestionamientos que se habían generado por un eventual detrimento patrimonial, el presidente ejecutivo manifestó que, seis meses después de las denuncias públicas, la Cámara de Comercio aún no ha recibido requerimientos de la Contraloría o la Procuraduría relacionados con el Pozo de Donato.
Escrito por
Yuliana Bohórquez
Publicado el 14 de septiembre de 2026 · 7:30 p. m.
Periodista Boyacá Sie7e Días
