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Los alcaldes necesitan saber que pueden decir sí cuando la ley lo permite, pero también que pueden decir no cuando una actuación puede afectar el interés público, el ordenamiento territorial, el patrimonio ambiental o el futuro del municipio.
Por: L.F.L.R.
El caso que enfrenta el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, plantea una discusión sobre los riesgos que enfrentan los mandatarios municipales cuando toman decisiones que afectan intereses particulares, especialmente en asuntos relacionados con el suelo, el urbanismo, las licencias de construcción y la protección del territorio.
Gamboa permanece privado de la libertad y la Fiscalía lo acusó formalmente por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro de una investigación relacionada con un proyecto inmobiliario en Villa de Leyva.
El proceso deberá avanzar y serán los jueces los llamados a determinar su responsabilidad. Mientras tanto, la presunción de inocencia debe mantenerse intacta.
Es importante preguntarse qué hay detrás de esta historia.
¿Quién protege al alcalde cuando dice no?
El caso deja una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un alcalde se enfrenta a poderosos intereses particulares y decide no ceder?
No se trata de afirmar que eso sea exactamente lo que ocurrió en Villa de Leyva. Eso tendrá que establecerlo la justicia. Pero sí resulta necesario mirar el problema en detalle.
En muchos municipios, las decisiones de un alcalde sobre una licencia, una obra, un cambio de uso del suelo, una actuación urbanística o una intervención sobre el territorio pueden afectar inversiones de cientos o miles de millones de pesos.
Y ahí comienza una zona de enorme riesgo.
El mandatario puede terminar enfrentado a demandas, investigaciones, presiones políticas, denuncias penales y, en algunos casos, amenazas. Es una especie de “plata o cana”, no necesariamente en el sentido literal de la expresión, sino como una presión extrema: o se acepta lo que determinados intereses quieren o comienzan los problemas.
La institucionalidad no puede permitir que un alcalde quede solo frente a esa situación.
El otro lado de la historia
Hay otro elemento que merece mucha atención en el caso de Villa de Leyva. Mientras la captura del alcalde tuvo un enorme despliegue mediático, también existen actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto inmobiliario que deben ser examinadas con la misma rigurosidad.
Según documentos conocidos durante el proceso, la administración municipal cuestionó actuaciones urbanísticas y ambientales relacionadas con el predio San Cayetano, en la vereda Sabana.
En abril del 2026 se establecieron, según la información publicada, construcciones y obras que habrían excedido lo autorizado inicialmente. La administración declaró una infracción urbanística, impuso una multa de alrededor de $ 232 millones y ordenó la demolición de las obras.
Y aquí está uno de los puntos que deberían tenerse en cuenta. Si existen posibles afectaciones urbanísticas o ambientales, estas también merecen investigación, seguimiento y explicación pública.
No puede haber una justicia que avance con enorme velocidad para investigar al funcionario y una institucionalidad que avance lentamente cuando se trata de determinar si un particular incumplió las normas que protegen el territorio.
Las dos cosas deben investigarse con el mismo rigor.
La señal que reciben los alcaldes
Quizás la mayor reflexión de este caso no está en Villa de Leyva, sino en los demás municipios de Boyacá y del país.
¿Cuántos alcaldes están hoy tomando decisiones frente a proyectos inmobiliarios, ambientales, mineros, urbanísticos o comerciales que afectan grandes intereses económicos?
¿Cuántos tienen la tranquilidad de saber que, si hacen cumplir la ley, contarán con el respaldo de las instituciones?
Porque un alcalde no puede gobernar con miedo. Tampoco puede gobernar contra la ley. Ese es precisamente el equilibrio que debe garantizar el Estado. Pero si un mandatario municipal actúa dentro de sus competencias y decide hacer cumplir las normas, no debería quedar expuesto a convertirse en el único responsable de las consecuencias de sus decisiones.
El silencio de los alcaldes sería un error
Por eso este caso debería despertar la solidaridad y la reflexión de todos los alcaldes de Boyacá, no para defender anticipadamente a Víctor Gamboa ni para cuestionar las decisiones de la justicia. Se trata de defender lo más importante: la institucionalidad municipal.
Los alcaldes deberían preguntarse qué garantías tienen cuando deben enfrentar intereses particulares con capacidad económica y jurídica suficiente para convertir una decisión administrativa en un largo y costoso litigio.
Y deberían preguntarse también qué respaldo recibirían si, además de las demandas y procesos, aparecen presiones o amenazas.
De hecho, el caso adquirió una dimensión todavía más delicada cuando el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, denunció ante la Fiscalía presuntas amenazas relacionadas con decisiones sobre el mismo proyecto inmobiliario.
Que este caso no deje un mal precedente
Sería muy lamentable que, al final de este proceso, cualquiera que sea la decisión de la justicia, quedara instalado entre los mandatarios municipales un mensaje equivocado: que enfrentarse a determinados intereses puede significar entrar en un verdadero infierno jurídico, político y personal.
Los alcaldes necesitan saber que pueden decir sí cuando la ley lo permite, pero también que pueden decir no cuando una actuación puede afectar el interés público, el ordenamiento territorial, el patrimonio ambiental o el futuro del municipio.
El caso Gamboa debería servir para revisar esas garantías. La justicia debe investigar y decidir. Si hubo corrupción, deberá haber sanción. Si no la hubo, también deberá reconocerse.
Pero mientras eso ocurre en Villa de Leyva, hay una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿Quién protege a los alcaldes cuando cumplir la ley significa enfrentarse a intereses poderosos?
Es una pregunta para todos los municipios de Boyacá.
Escrito por
Luis Francisco Lagos
Publicado el 13 de septiembre de 2026 · 8:30 a. m.
