No puede seguir siendo una discusión semántica

10/09/2026

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El texto sostiene que el campesino es mucho más que un simple productor rural, pues su identidad se construye en torno a la tierra, el trabajo, la alimentación, las tradiciones, la cultura, la memoria histórica y la comunidad, y no puede reducirse a una función meramente productiva.

Se recuerda que Colombia dio un paso importante al reconocer jurídicamente al campesinado mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, que modificó el artículo 64 de la Constitución Política para declarar que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección”, reconociendo sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, así como su papel en la soberanía alimentaria.

El autor advierte que el debate no es solo semántico; el lenguaje construye realidades y define sujetos. Sustituir la categoría histórica y constitucional de campesino por la de productor rural desplaza el énfasis y puede invisibilizar aspectos esenciales de la identidad campesina.

Se critica la tendencia de algunos medios y sectores urbanos a tratar el tema como una mera disputa de palabras, lo que refleja una distancia y un posible clasismo hacia las formas populares y tradicionales de vida en el campo.

El artículo plantea preguntas sobre quién se beneficia al transformar el lenguaje institucional, qué implica pasar de hablar de campesinos a productores rurales, y cómo la sustitución de términos como Reforma Agraria por expresiones técnicas como acceso a tierras o formalización puede alterar la forma en que se concibe la realidad.

Finalmente, se argumenta que defender la palabra campesino no es un anclaje al pasado, sino el reconocimiento de una identidad vigente, con derechos, memoria y futuro, que el Estado debe nombrar y proteger adecuadamente.

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Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir — Jorge Velosa

El campesino es mucho más que un productor rural. Es un sujeto social cuya existencia se construye en relación con la tierra, el trabajo, el alimento, las tradiciones, la cultura, la identidad y la memoria histórica. Su vínculo con el territorio no puede reducirse a una función productiva ni a su participación dentro de un sistema económico. Nombrarlo únicamente como «productor rural» implica desplazar, al menos discursivamente, una parte fundamental de la historia, los saberes y las formas de vida que el campesinado ha construido y defendido durante generaciones.

No se trata, entonces, de una simple discusión sobre palabras. Colombia dio un paso fundamental en el reconocimiento jurídico del campesinado cuando, mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, modificó el artículo 64 de la Constitución Política y estableció que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección”. La misma norma reconoce expresamente sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, así como su relevancia en relación con la tierra, la comunidad y la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria.

Por eso, la palabra importa. Y mucho.

Reducir esta discusión a una cuestión de configuración semántica, como han hecho algunos sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, supone desconocer que el lenguaje también construye realidades, delimita sujetos y establece marcos desde los cuales una sociedad interpreta aquello que considera importante. Cuando se reemplaza una categoría histórica, social y constitucionalmente reconocida por otra de carácter económico, no necesariamente se está diciendo lo mismo con palabras diferentes: se está poniendo el énfasis en otra dimensión del sujeto.

De ahí que resulte preocupante que algunos análisis reduzcan el asunto a una mera disputa del lenguaje. También llama la atención el poco interés de ciertos medios masivos por profundizar en lo que significa la condición campesina en Colombia. Quizá porque para determinados sectores urbanos y privilegiados el campesinado continúa apareciendo como una realidad distante, ajena, popular, y no como una parte fundamental de la estructura social del país. En esa distancia también puede advertirse una forma de clasismo: la tendencia a considerar inferiores, atrasadas o poco relevantes las formas populares y tradicionales de construir comunidad, conocimiento y territorio.

Desde esta perspectiva, vale la pena preguntarse por las motivaciones que existen detrás de ciertos intentos de transformar el lenguaje institucional. ¿Quiénes ganan cuando una identidad social es sustituida por una categoría predominantemente económica? ¿Qué cambia cuando dejamos de hablar de campesinos para hablar exclusivamente de productores rurales? ¿Qué ocurre cuando una categoría como «Reforma Agraria» comienza a ser desplazada por expresiones más técnicas como «acceso a tierras» o «formalización»? ¿Estamos simplemente formalizando el lenguaje o estamos modificando aquello que el lenguaje permite pensar? Porque el problema no es solamente de forma. Es de contenido.

El lenguaje institucional no es inocente. Las palabras que utiliza el Estado para nombrar a sus ciudadanos también dicen cómo los reconoce, qué dimensiones de su existencia considera relevantes y desde qué lugar pretende relacionarse con ellos. Por eso defender la palabra «campesino» no significa aferrarse a una expresión del pasado. Significa reconocer una identidad que tiene presente, memoria, derechos y futuro.