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Dentro de la demanda del diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, quien solicitó la nulidad de la Ordenanza No. 026 del 6 de septiembre del 2024, mediante la cual la Asamblea de Boyacá autorizó al gobernador del departamento para negociar y celebrar contratos de empréstito por valor de 230.000 millones de pesos, el Tribunal Administrativo de Boyacá hizo requerimientos a la Gobernación y a la duma departamental.

“Se advierte que, dentro del material probatorio obrante en el proceso, en los informes de ponencia para primer y segundo debate se relacionaron los proyectos de infraestructura pública que pretenden desarrollarse con los recursos gestionados mediante el empréstito. No obstante, no cuenta con claridad plena la Sala de Decisión respecto de la destinación en concreto de los recursos autorizados mediante el empréstito, así como los actos y contratos desarrollados con ocasión de la obtención de los recursos mediante las operaciones de crédito ejecutadas por el departamento de Boyacá”, señaló el Tribunal.
Por tanto, el organismo judicial requirió a la Gobernación de Boyacá para que remita copia íntegra de los actos y contratos financiados con los recursos obtenidos mediante el empréstito autorizado a través de la Ordenanza No. 026 del 2024, indicando la modalidad de selección empleada, el contratista y supervisor e interventores a cargo, la fase o etapa en la que se encuentran, porcentajes de avance, recursos girados y previstos, así como una relación de los intereses corrientes generados producto de las operaciones de empréstito ejecutadas hasta la fecha.
Además, requirió a la Asamblea de Boyacá para que certifique si se formularon oposiciones durante el trámite de la Ordenanza No. 026 del 2024, tanto por parte de la ciudadanía como por diputados integrantes de la duma departamental, y que allegue copia de estas.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 8 de septiembre de 2026 · 6:00 a. m.