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Calamidad pública versus delincuencia

En varias regiones del país, y sobre todo en el departamento del Tolima, se han registrado incendios forestales que han obligado a familias a abandonar sus hogares y fincas, generando graves perjuicios en sus actividades cotidianas.

Inicialmente se atribuyó la causa a El Niño, pero la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, declaró que existen acciones criminales detrás de las quemas y que los hechos no son exclusivamente naturales.

La gobernadora ha recibido amenazas de grupos violentos que se sienten estigmatizados por sus declaraciones, mientras el secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, señaló la necesidad de investigar los constantes ataques con drones contra la fuerza pública.

En otro contexto, el país aún se recupera del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, y se ha denunciado la presencia de personas que se hacían pasar por rescatistas, generando confusión y obstaculizando el trabajo de los expertos en la gestión de la catástrofe.

Las autoridades nacionales, regionales y municipales son llamadas a unir esfuerzos para enfrentar tanto los incendios como la inseguridad, con el fin de proteger a la población y restablecer el orden en la región.

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Han sido desafortunados los momentos que en la actualidad se viven, en los que sin una razón aparente y natural se vienen dando unos incendios forestales en varias regiones de nuestro país, principalmente, en el departamento del Tolima, donde sus afectaciones han causado una serie de estragos, no solamente en su aspecto natural, que desde luego resultan calamitosos y dramáticos, sino para todo aquello que tiene que ver con su parte humana, donde familias enteras han tenido que ser aisladas totalmente de sus pertenencias: de casa y fincas para lograr ser reubicadas en lugares, aparentemente seguros, que no afecten su integridad personal a costa del enorme perjuicio que esto origina para sus labores diarias.

Todo lo anterior, en primera instancia, se pensaba que estaba ocurriendo por el fenómeno de El Niño, que tiene la naturaleza de poder avisar la afectación que por largos años viene siendo alterado su comportamiento normal al no ser consideradas acciones que permitan mitigar riesgos que terminen en incendios inesperados, que hoy nos tienen muy tristes y agobiados por su gran impacto natural.

Lo triste de lo anterior es el comentario desafortunado, que día a día va tomando más fuerza y que se llega a presumir, que detrás de todos estos incendios existen manos criminales que los están ocasionando, originando y promoviendo como forma de lograr desestabilizar el Estado social de derecho que hoy, con mucho orgullo, tenemos en nuestro país.

Resulta desafortunado para nuestra nación, que mediante declaraciones la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha manifestado que existen acciones criminales de estas quemas que hoy sufren nuestros hermanos de dicho departamento, lo cual se constituye en un aspecto que debe ser manejado con toda la rigurosidad que el tema representa para lograr llegar hasta el fondo de todas estas acciones y poder precisar quién o quiénes están detrás de toda esta infamia.

La funcionaria refuerza sus comentarios concluyendo que, estas conflagraciones que en la actualidad se vienen presentando en el departamento, no son por acciones únicamente de la naturaleza, sino por factores externos a ella.

Hoy la gobernadora está siendo amenazada por grupos de ciertos sectores violentos de la región, que directamente consideran que están siendo estigmatizados por las declaraciones de la funcionaria correspondiente.

No se explica cuál sea el interés de los grupos al margen de la ley con el departamento del Tolima, pues ya son varios los indicios donde su tranquilidad y la paz de la región han sido amenazadas por estos grupos; “los constantes ataques con drones y a la fuerza pública”, según el secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, tienen que ser debidamente investigados para lograr el origen de todas estas acciones que están afectando al departamento del Tolima.

No podemos entender, comentando otro tema no menor y donde nuestro país fue objeto del terremoto ocurrido ese fatídico día lunes 10 de agosto de 2026 y, que apenas hoy estamos saliendo de nuestro asombro por las afectaciones ocurridas, existir comentarios donde al parecer concurrían personas que se hacían pasar como rescatistas ocasionando acciones en contra de las labores propias de personas expertas en estas calamidades, pues todo parece que estas personas estaban allí con el único objeto de crear caos y confusión para lograr impactos que afectaran las acciones de los expertos en evaluar la catástrofe creada por una acción de la naturaleza.

No queremos pensar que la evolución de nuestra razón de ser como personas y, donde lo que debe primar es el bien común, exista otra sociedad, por definir, donde impere más el desorden, el caos y el ataque a la persona como tal; bajo esas circunstancias estaremos dando pasos de ciego y nuestro desarrollo como sociedad debidamente constituida estará altamente comprometido, pues su adelanto con la sensibilidad humana nunca llegara.

Aspiramos que las acciones de los gobiernos, tanto nacional, regional y municipal, que son los llamados a dar ejemplo, logren aunar esfuerzos y, donde sus acciones, sean el reflejo de esa gobernabilidad que se requiere para superar tanta inequidad que hoy persiste en nuestras regiones; la pobreza humana, esa pobreza que es más difícil de superar, esa que comentábamos en el párrafo anterior, con los agitadores del terremoto y los pirómanos, que así pensemos diferente, logremos acciones donde todos nos colaboremos y, pensemos, que tan solo unidos podemos avanzar.

Boyacá Sie7e Días

Escrito por

Boyacá Sie7e Días

Publicado el 7 de septiembre de 2026 · 8:00 a. m.

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