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En Boyacá, la última década dejó un registro ambiguo: por un lado, indicadores macroeconómicos y de gestión institucional que muestran crecimiento y capacidad administrativa; por otro, una opinión pública cada vez más crítica, desencantada y, en muchos casos, desconfiada.
Para un administrador público con enfoque territorial, esa brecha no es un detalle retórico, es el síntoma de un modelo de gestión que ha aprendido a cumplir metas formales, pero que aún no logra traducirlas en bienestar percibido por la ciudadanía.
Los datos duros son conocidos. El PIB departamental creció de manera sostenida en la última década, con una expansión cercana al 91 % entre 2005 y 2022, y una recuperación moderada tras la pandemia.
La pobreza multidimensional, especialmente en el ámbito rural, ha registrado descensos significativos: en 2025, la incidencia del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Boyacá fue del 6,4 %, por debajo del promedio nacional, y en lo rural pasó de 12,1 % a 10,3 % en un solo año. Al mismo tiempo, la Gobernación de Boyacá ha mejorado sus indicadores formales de gestión: el Índice de Desempeño Institucional subió de 91,3 a 94,8 puntos entre 2024 y 2025, ubicando al departamento entre las cuatro mejores gobernaciones del país en trámites, transparencia, inversión y atención al ciudadano.
Sin embargo, en el mismo periodo Boyacá fue el único departamento del país donde aumentó la pobreza monetaria en 2025, pasando de 30,9 % a 31,6 %, mientras el promedio nacional caía al 28 %. Alrededor de 406.000 personas viven con menos de 412.000 pesos mensuales, y aunque la pobreza extrema disminuyó ligeramente, la sensación predominante en muchos municipios es que “las cosas no mejoran tanto como dicen las cifras”. Esa contradicción no es casual, revela una gestión que ha sido eficaz en dimensiones medibles por indicadores estandarizados, pero menos exitosa en transformar esas mejoras en ingresos, empleo de calidad y servicios que la gente sienta en su vida cotidiana.
La percepción ciudadana refleja ese desfase. El Panel de Opinión 2025 mostró que el gobernador de Boyacá, antes entre los primeros del país, cayó al décimo lugar en liderazgo y aprobación entre líderes de opinión, con una calificación de 50 puntos, por debajo del promedio nacional. Medios y columnistas han instalado con fuerza un relato crítico, se habla de desconfianza hacia la administración pública, de contratos que “quedan en manos de pocos”, de cargos asignados por recomendaciones políticas y de oportunidades que dependen más de relaciones que de mérito. Frases como “la corrupción que elegimos tolerar” condensan una sensación de normalización de prácticas clientelistas que erosionan la legitimidad de una gestión que, en papeles, luce sólida.
Al mismo tiempo, la conversación pública está marcada por denuncias concretas que alimentan esa narrativa. El abandono de la vía Duitama-Charalá, las quejas sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) respecto a calidad y operación del servicio, y la percepción de inseguridad y poca presencia estatal en algunas zonas rurales contrastan con los informes de inversión y ejecución del plan de desarrollo que destacan obras en vías, agua, gas, educación y salud.
Para la ciudadanía, no basta con que existan metas cumplidas en un sistema de seguimiento, lo que cuenta es si la carretera está transitable, si el almuerzo del colegio llega a tiempo y en buenas condiciones, si el puesto de salud tiene medicamentos y personal, si la vereda se siente más segura.
Desde la perspectiva de la administración pública territorial, este escenario exige un cambio de enfoque. No se trata de descartar los indicadores, sino de dejar de tratarlos como fin último. Los indicadores son herramientas, no objetivos. Una gobernación puede tener un desempeño institucional alto y, al mismo tiempo, una ciudadanía que no percibe mejora en su vida diaria. Eso no es un problema de comunicación; es un problema de diseño de políticas. Mientras la gestión se organice principalmente alrededor de metas formales y de la ejecución presupuestal, y no alrededor de resultados tangibles para la gente, la brecha entre cifras y percepciones seguirá abierta.
Un primer eje de trabajo es reorientar la lógica de la inversión pública. En lugar de priorizar exclusivamente obras visibles y de alto impacto político, la planificación debería poner en el centro los servicios que estructuran el bienestar cotidiano, mantenimiento vial, operación eficiente de programas sociales, calidad del gasto en salud y educación, y presencia territorial del Estado.
Una carretera nueva es importante, pero si no se mantiene y se convierte en un “elefante blanco” o en una fuente permanente de quejas, su contribución al bienestar percibido es negativa. Lo mismo ocurre con programas como el PAE, no sirve de mucho tener coberturas altas si la operación es deficiente y genera desconfianza en padres de familia y estudiantes.
Un segundo eje es asumir la percepción ciudadana como dato duro de gestión. Las encuestas de opinión, los paneles de liderazgo, las veedurías y las quejas en medios y redes no son “ruido”: son señales tempranas de fallas en el diseño e implementación de políticas. La caída en el Panel de Opinión 2025, las denuncias sobre vías y PAE, y el relato de clientelismo deberían leerse como insumos para ajustar rutas, no como ataques a desestimar. Una administración pública madura no se mide solo por su capacidad de ejecutar presupuesto, sino por su habilidad para escuchar, reconocer fallas y corregir a tiempo.
Un tercer eje es enfrentar de frente la corrupción y el clientelismo percibidos. No basta con tener buenos indicadores de transparencia formal si la ciudadanía cree que los contratos se reparten entre pocos, que los cargos son botín político y que las oportunidades dependen de cuñas. Aquí se requiere transparencia radical: publicación detallada de contratos, criterios claros de mérito para cargos directivos, veedurías ciudadanas con poder real de incidencia y sanciones visibles cuando se detecten irregularidades. La legitimidad de la gestión no se construye solo con informes de rendición de cuentas, sino con prácticas que la gente pueda verificar en su territorio.
Finalmente, es necesario replantear la narrativa sobre el desarrollo de Boyacá: no se trata de vender una imagen triunfalista de “crecimiento sostenido” ni de caer en un pesimismo paralizante. La verdad es más matizada. Boyacá ha avanzado en condiciones básicas de vida y en capacidad institucional, pero aún no logra convertir ese crecimiento en mayores ingresos y oportunidades para una parte importante de su población. Reconocer esa complejidad es el primer paso para diseñar políticas más realistas y creíbles.
Para un administrador público territorial, el reto es claro, pasar de una gestión orientada a cumplir indicadores a una gestión orientada a generar bienestar percibido. Eso implica usar los datos duros como insumo, no como destino; escuchar la percepción ciudadana como termómetro real de la gestión, y asumir la lucha contra el clientelismo y la corrupción como condición indispensable para recuperar confianza.
Solo así las cifras dejarán de ser un espejo que muestra una imagen distinta a la que vive la gente, y empezarán a reflejar un desarrollo que se siente, se vive y se cuenta desde los territorios.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 7 de septiembre de 2026 · 7:00 a. m.
