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Hay una idea que parece contradictoria: que los millonarios pidan que les cobren más impuestos.
Eso es precisamente lo que ocurre en Reino Unido con Patriotic Millionaires, una iniciativa integrada por personas con grandes patrimonios que defienden una mayor tributación de la riqueza. Su argumento es sencillo: quienes más tienen también pueden contribuir más al sostenimiento de la sociedad que hizo posible esa riqueza.
No se trata de castigar el éxito. Una gran empresa necesita carreteras, trabajadores formados, seguridad, justicia, infraestructura y mercados. En otras palabras, la riqueza privada también depende de instituciones públicas.
¿Por qué no discutir algo similar en Colombia?
Pero no podemos copiar el modelo británico. Colombia tiene una realidad diferente: mayor informalidad, desigualdad, menor capacidad institucional y, sobre todo, un problema de confianza en el Estado.
Cuando se propone que quienes tienen mayores patrimonios paguen más, aparece una pregunta inevitable: > “¿Para qué voy a pagar más impuestos si se los van a robar?”.
No podemos ignorarla.
La corrupción no justifica la evasión. Si un funcionario roba, debe responder; si un ciudadano evade, también. Pero tampoco puede el Estado pedir más recursos sin comprometerse a demostrar cómo los utiliza.
Por eso Colombia no debería limitarse a copiar un impuesto británico. Debería aprovechar la discusión para construir algo más ambicioso: un nuevo contrato fiscal.
La propuesta podría tener dos principios.
Primero: los patrimonios extraordinariamente altos deben contribuir proporcionalmente más, protegiendo a la clase media y evitando castigar la inversión productiva y la generación de empleo.
Segundo: cada peso adicional recaudado debe tener una trazabilidad pública. Si una reforma consigue recaudar $ 10 billones adicionales, la discusión no debería terminar cuando la DIAN anuncie la cifra. Debería comenzar allí.
Los ciudadanos deberían poder conocer: recaudo, presupuesto, proyecto, contrato, ejecución y resultados.
¿En qué se gastó? ¿Quién recibió el dinero? ¿Cuánto costó? ¿Se terminó la obra? ¿Funcionó? ¿Quién responde si no funcionó?
Eso sería convertir la transparencia en parte del sistema tributario y no simplemente en una obligación administrativa.
La discusión tampoco debería quedarse en Bogotá. Si los colombianos más ricos van a contribuir más, debemos preguntarnos qué resultados queremos ver en nuestros territorios.
En Boyacá hablamos permanentemente de vías, hospitales, escuelas, acueductos, conectividad y desarrollo rural. Por eso deberíamos exigir que los recursos públicos puedan seguirse y evaluarse.
No basta con saber cuánto dinero llegó al departamento. Necesitamos saber qué produjo ese dinero.
La relación tradicional ha sido: el Estado cobra y el ciudadano paga.
Deberíamos avanzar hacia otra: el ciudadano contribuye y el Estado rinde cuentas.
Pero también necesitamos una ciudadanía que vigile. La transparencia solo funciona cuando alguien revisa los contratos, cuestiona los resultados y pregunta dónde terminó el dinero.
Patriotic Millionaires plantea una pregunta interesante para Colombia: ¿estarían quienes más tienen dispuestos a contribuir más porque entienden que su riqueza también depende del país?
Nosotros deberíamos agregar otra: ¿Estaría el Estado dispuesto a garantizar que quienes pagan más puedan comprobar qué se hizo con esos recursos?
Quizás ahí esté el verdadero debate.
No se trata simplemente de cobrar más impuestos. Se trata de construir un país donde quien más tiene contribuya más, quien paga cumpla y quien administra los recursos tenga que demostrar qué hizo con ellos.
Porque el nuevo contrato fiscal no debería ser solamente: > “pague más”.
Debería ser:
“Contribuya de acuerdo con su capacidad y nosotros le mostraremos, con resultados, qué hicimos con el dinero de todos.”
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 6 de septiembre de 2026 · 11:00 a. m.
