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Cuando pensábamos que lo peor había pasado y que el nuevo Gobierno nacional comenzaba un proceso ordenado de reconstrucción política, económica, social y moral, Colombia enfrenta una nueva tragedia: un terremoto que nos encuentra con una institucionalidad todavía en proceso de recuperación y, muy seguramente, sin planes de contingencia suficientes para responder a una emergencia de esta magnitud.
Las últimas cifras son más graves de lo esperado: alrededor de 50.000 viviendas afectadas o destruidas, situación que podría representar para el Estado un costo cercano a $ 5 billones.
Ante este escenario surge una pregunta fundamental: ¿cuál es el mejor mecanismo para gestionar la reconstrucción, aprovechar al máximo los recursos disponibles y ofrecer soluciones rápidas, dignas, seguras y sostenibles?
CamAcero propone seis acciones:
1. Declarar la Emergencia Habitacional.
Establecer un régimen especial que permita agilizar licencias, trámites, contratación, disponibilidad de suelo e importación de viviendas, sistemas constructivos, equipos e insumos necesarios para atender la emergencia, con reducción o eliminación de aranceles y mecanismos tributarios que permitan disminuir efectivamente el costo de la vivienda.
2. Atender de inmediato a las familias damnificadas.
Importar y producir en Colombia soluciones habitacionales temporales, modulares y de instalación rápida, que puedan estar disponibles en un plazo máximo de 90 días, mientras se construyen las viviendas definitivas.
3. Disponer el suelo necesario.
El Gobierno nacional y las autoridades territoriales deben identificar, habilitar y disponer terrenos aptos para la construcción de las nuevas viviendas, garantizando servicios públicos, conectividad y condiciones urbanísticas adecuadas.
4. Construir viviendas estandarizadas, sismorresistentes y sostenibles.
Definir hasta tres modelos de aproximadamente 50 m², ampliables a un segundo piso, de rápida construcción e industrializados, que cumplan plenamente la Norma Sismorresistente NSR-10 y sus actualizaciones.
Estas viviendas deben incorporar criterios de construcción sostenible y responsable, eficiencia energética, ahorro de agua, reducción de residuos y utilización eficiente de materiales. La vivienda económica no puede ser sinónimo de vivienda de baja calidad.
5. Reducir de manera permanente el costo de construir vivienda.
La emergencia debe convertirse en una oportunidad para establecer una política de Estado que permita reducir los costos de construcción.
Los aranceles de los materiales e insumos necesarios para construir vivienda nueva deben eliminarse o reducirse de manera permanente y sostenible, especialmente cuando no exista producción nacional suficiente, competitiva o capaz de atender la demanda.
Cuando exista producción nacional competitiva, debe fortalecerse. Cuando no exista o sea insuficiente, debe facilitarse la importación.
El objetivo no es proteger un sector frente a otro. El objetivo es construir más vivienda, a menor costo y con mayor calidad.
6. Aplicar el principio de ‘Todos ponen’.
La reconstrucción no puede recaer exclusivamente sobre el Estado.
El Gobierno aporta suelo, financiación, infraestructura, agilidad institucional y una política arancelaria y tributaria adecuada. Los productores nacionales aportan competitividad y eficiencia. Los importadores complementan la oferta cuando sea necesario. Los constructores aportan capacidad técnica, financiera y logística. Las entidades territoriales facilitan suelo, servicios y trámites.
Todos ponen para que las familias paguen menos.
Con una estrategia coordinada, estandarizada, industrializada y orientada a resultados, Colombia puede ofrecer en pocos meses soluciones habitacionales dignas y seguras a las familias afectadas.
Pero el desafío va más allá de la reconstrucción.
Esta tragedia debe servir para impulsar una nueva política de vivienda: más económica, más rápida, sismorresistente, sostenible y responsable con el medio ambiente.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 18 de agosto de 2026 · 7:00 a. m.
