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‘De magistrado a condenado: la caída de Fabio Ignacio Mejía Blanco’. Así se podía titular la historia sobre el sentido de fallo emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo con función de conocimiento, que en primera instancia halló culpable a Fabio Ignacio Mejía Blanco, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, del delito de fraude procesal, en un caso en el que el abogado José Luis Valenzuela demostró la culpabilidad del condenado.
Y es que, 15 años después de iniciarse uno de los procesos judiciales más sonados de Boyacá, la justicia le dio un vuelco al caso. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo emitió sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá Fabio Ignacio Mejía Blanco, al hallarlo responsable del delito de fraude procesal, artículo 453 del Código Penal.
Según concluyó el despacho, Mejía utilizó un proceso judicial para inducir en error a un juez e intentar obtener provecho ilícito sobre el patrimonio perteneciente a la sociedad comercial Organización Interamericana de Transportes (OIT), representada legalmente por Arnulfo Grimaldos Blanco, soportando su reclamación en unos cheques que, de acuerdo con la decisión judicial, no acreditaban una deuda real.
Durante la sustentación del sentido del fallo, el juzgado fue enfático al señalar que los títulos utilizados «no tenían un origen válido«, sino que hacían parte de una estrategia para obtener una decisión judicial favorable.
También recordó que el bien inmueble perseguido había sido presentado con un valor muy inferior a su precio comercial. En la audiencia volvió a mencionarse a la abogada Zuly Peña, a quien Mejía Blanco aseguró años atrás que solo lo unía una amistad y que «nada tenía que ver» con el proceso. Sin embargo, durante el juicio esa versión fue cuestionada al evidenciarse que ambos firmaron la transacción objeto del litigio.
Además, es de conocimiento público que Peña es madre de un hijo del hoy condenado, un hecho personal que no hizo parte del fundamento de la decisión judicial.
La decisión también representa una importante victoria para el abogado José Luis Valenzuela Rodríguez, quien desde el 2017 asumió la representación jurídica de OIT cuando pocos se atrevían a enfrentar judicialmente a un magistrado en ejercicio y cuando Fabio Ignacio Mejía ya había derrotado a varios abogados en este pleito y el panorama para la Organización Interamericana comenzaba a ser nefasto, ya que iba a perder gran parte de su patrimonio por una jugada fraudulenta del hoy condenado en contra de los bienes de esta familia.
Valenzuela durante nueve años sostuvo que no existía una deuda legítima, sino una maniobra para utilizar la justicia como instrumento de despojo. Esa tesis fue finalmente acogida por el juzgado, consolidando un triunfo jurídico tras un largo litigio en el que las víctimas incluso manifestaron temor por la influencia que el entonces magistrado podía ejercer dentro de la Rama Judicial.
Con este sentido de fallo condenatorio, Fabio Ignacio Mejía Blanco enfrenta las consecuencias previstas para el delito de fraude procesal, que contempla penas de entre seis y doce años de prisión, multa de doscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas entre cinco y ocho años.
El caso deja una imagen difícil de ignorar: quien durante años impartió justicia desde uno de los más altos tribunales de Boyacá terminó condenado por, según concluyó el juzgado, intentar utilizar esa misma justicia para obtener una decisión contraria a la ley.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 15 de julio de 2026 · 9:30 a. m.
