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La libertad por vencimiento de términos de Sandra Ortiz no es una absolución, pero en la práctica política colombiana sí termina funcionando como algo igual o incluso más poderoso: una grieta en la legitimidad de la justicia y una victoria narrativa para quien estaba siendo investigado.
Ese es quizás el problema más grave del sistema judicial colombiano: no solo tarda, sino que además produce decisiones que terminan siendo políticamente contradictorias. El mensaje que recibe la ciudadanía no es técnico ni jurídico; es profundamente simbólico.
Cuando una persona vinculada a un escándalo de alto perfil recupera su libertad porque el Estado fue incapaz de avanzar el proceso dentro de los tiempos establecidos, lo que queda en el imaginario colectivo no es la defensa de las garantías procesales, sino la sensación de que el aparato judicial volvió a fracasar.
Y ese fracaso no es menor. En Colombia llevamos décadas normalizando una justicia lenta, congestionada y reactiva, especialmente cuando los procesos involucran poder político.
El vencimiento de términos se ha convertido en una figura casi rutinaria dentro del ecosistema judicial colombiano, hasta el punto de que pareciera más una etapa previsible del proceso que una excepción escandalosa. El ciudadano promedio observa cómo el sistema es capaz de capturar, imputar, filtrar expedientes a medios de comunicación y producir titulares rimbombantes, pero no logra llegar oportunamente a juicio. La consecuencia es devastadora: la justicia termina pareciendo más eficiente para generar espectáculo que para producir verdad judicial.
El caso de Sandra Ortiz sintetiza precisamente esa tragedia institucional. Independientemente de cuál sea el desenlace final del proceso, el daño ya está hecho en múltiples direcciones. Para el Estado, porque exhibe nuevamente una incapacidad estructural para administrar justicia de manera eficaz. Para el Gobierno, porque cualquier vínculo de una alta funcionaria con investigaciones de corrupción golpea inevitablemente el discurso ético del poder. Y para la propia Sandra Ortiz, porque aunque jurídicamente conserve intacta su presunción de inocencia, políticamente queda atrapada en una zona gris casi imposible de revertir.
Ahí aparece una de las paradojas más crueles de la opinión pública contemporánea: la reputación ya no depende únicamente de una condena. En la era de la hipervisibilidad mediática, basta con la sospecha sostenida en el tiempo para erosionar una carrera política.
La ciudadanía rara vez distingue entre imputación, medida de aseguramiento, juicio o condena. El expediente judicial se mezcla con el juicio moral y con el juicio mediático. Y cuando además el proceso termina contaminado por vencimientos de términos, la percepción empeora todavía más.
Porque entonces emergen dos narrativas simultáneas y ambas son letales. Para algunos, la libertad de Ortiz será interpretada como una prueba de que “todo fue un montaje” o una persecución política. Para otros, será la confirmación de que los poderosos siempre encuentran la manera de escapar de las consecuencias judiciales. El problema es que ambas lecturas destruyen la confianza institucional. Una desacredita a la Fiscalía; la otra desacredita al sistema judicial entero.
Lo verdaderamente preocupante es que Colombia parece haber perdido la capacidad de producir cierres institucionales claros. Los procesos duran tanto que terminan agotando la atención pública antes de que exista una decisión de fondo. La justicia llega tarde, y cuando llega, ya nadie cree en ella. En ese vacío, lo que prevalece no es la verdad jurídica sino la interpretación política, la polarización y el desgaste reputacional permanente.
Sandra Ortiz sale de prisión preventiva, pero no sale limpia políticamente. Difícilmente podrá hacerlo mientras el caso continúe abierto y mientras la discusión pública siga asociando su nombre con corrupción, favores burocráticos y crisis institucional.
El vencimiento de términos le devuelve la libertad física, pero no le devuelve la legitimidad pública. Y ahí está el drama de fondo: en Colombia, la lentitud judicial no solo destruye procesos; también destruye reputaciones, debilita gobiernos y termina erosionando la confianza misma en la democracia.
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 5 de julio de 2026 · 8:00 a. m.
