Cuando el estómago decide por la democracia – #ColumnistaInvitado

29/06/2026

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La reflexión sobre la democracia y su relación con las necesidades inmediatas de la población es un tema crucial en este momento. La pregunta que surge es: ¿qué ocurre cuando una sociedad elige a sus gobernantes basándose en necesidades inmediatas más que en una visión de futuro? Esta problemática no se puede reducir simplemente a la ignorancia del elector o la falta de conciencia ciudadana, ya que las personas enfrentan desafíos como la supervivencia diaria, lo que condiciona su voto.

Sin embargo, es importante diferenciar entre comprender esta realidad y justificar un modelo político que convierte la necesidad en un instrumento de poder. El problema surge cuando el voto deja de ser una expresión libre para convertirse en un mecanismo de protección económica. Esto pone en riesgo la libertad del elector, especialmente en contextos donde la estabilidad laboral depende del triunfo de determinado proyecto político. La democracia pierde uno de sus pilares fundamentales en este escenario.

El desarrollo de una ciudad, como Tunja, no depende solo de la cantidad de dinero que administra un gobierno, sino de la calidad de las instituciones y los incentivos que estas generan. En ciudades donde el Estado es una fuente significativa de empleo, existe el riesgo de que la política se convierta en un espacio para proteger intereses personales más que para debatir ideas. Esto puede crear incentivos que favorezcan relaciones de dependencia política, debilitando la meritocracia, la autonomía ciudadana y la confianza institucional.

Una frase común que resume este fenómeno es: «Sí, se roba recursos públicos, pero da trabajo». Esta afirmación revela una profunda fractura ética, al medir el éxito de un gobernante por el beneficio inmediato individual, olvidando el impacto colectivo de la corrupción. La corrupción no solo implica la pérdida de grandes sumas de dinero, sino que comienza cuando los recursos públicos se utilizan para proyectos personales o políticos en lugar de garantizar el bienestar colectivo.

El resultado de este modelo es una economía menos competitiva, instituciones más frágiles y una ciudadanía dependiente del gobernante de turno. Se crea un círculo vicioso donde la falta de oportunidades fortalece la dependencia política. Por eso, la discusión no debe centrarse en señalar al ciudadano que vota pensando en su familia, sino en el modelo de desarrollo y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

Una democracia sana no puede basarse en ciudadanos cuya estabilidad económica depende de apoyar a determinado grupo político. La verdadera discusión debe centrarse en construir instituciones fuertes para que ningún ciudadano tenga que elegir entre su dignidad económica y su libertad política. El desafío para Tunja y Boyacá es construir un futuro donde las personas encuentren oportunidades gracias a su capacidad, donde el sector privado crezca y donde el empleo público se rija por el mérito.

Antes de votar, es crucial preguntarse: ¿estoy eligiendo a quién resolverá mi necesidad de hoy o a quien puede garantizar el futuro de las próximas generaciones? La respuesta no solo decidirá el resultado de una elección, sino que puede decidir el destino de la ciudad en las próximas décadas.

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Hay una pregunta que desde hace tiempo ronda mi cabeza y que considero indispensable plantear en este momento de reflexión democrática: ¿qué ocurre cuando una sociedad termina eligiendo a sus gobernantes desde la necesidad inmediata y no desde la visión de futuro? La respuesta no es tan simple como algunos quisieran hacer creer. Sería un error reducirla a la ignorancia del elector o a la falta de conciencia ciudadana. Quien tiene dificultades para llevar alimento a su hogar, pagar un arriendo o garantizar la educación de sus hijos difícilmente puede pensar primero en planes de desarrollo, competitividad o transformación territorial. Antes que ciudadano, es un ser humano enfrentando la incertidumbre de la supervivencia.

Sin embargo, comprender esa realidad no puede llevarnos a justificar un modelo político que termina convirtiendo la necesidad en un instrumento de poder. El verdadero problema comienza cuando el voto deja de ser una expresión plenamente libre para convertirse, consciente o inconscientemente, en un mecanismo de protección económica. Cuando miles de personas sienten que su estabilidad laboral depende del triunfo de determinado proyecto político, la democracia empieza a perder uno de sus pilares fundamentales: la libertad del elector.

Como Administrador Público Territorial he comprendido que el desarrollo de una ciudad no depende únicamente de cuánto dinero administra un gobierno, sino de la calidad de las instituciones y de los incentivos que estas generan. Allí aparece uno de los mayores desafíos de ciudades como Tunja, donde el Estado representa una fuente significativa de empleo. Cuando una parte importante de la economía gira alrededor de la administración pública, existe el riesgo de que la política deje de ser un escenario para debatir ideas y se convierta en un espacio donde muchos ciudadanos sienten que deben proteger su sustento antes que ejercer libremente su derecho a elegir.

No estoy afirmando que todo empleo público responda a intereses políticos ni que todos los servidores públicos sean parte de prácticas clientelares. Sería una afirmación injusta y carente de rigor. Lo que sostengo es que una estructura económica excesivamente dependiente del Estado puede crear incentivos que favorezcan relaciones de dependencia política, debilitando la meritocracia, la autonomía ciudadana y la confianza institucional. En ese contexto, el debate electoral deja de girar alrededor de quién tiene la mejor visión para el territorio y comienza a centrarse en quién garantiza la permanencia de determinados beneficios individuales.

Quizá una de las frases más preocupantes que se escuchan con frecuencia resume perfectamente este fenómeno: «Sí, se roba recursos públicos, pero da trabajo». Esa afirmación, repetida una y otra vez, revela una profunda fractura ética. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito de un gobernante por el beneficio inmediato que recibimos de manera individual, olvidando que cada peso perdido por corrupción representa menos oportunidades para toda la sociedad. La corrupción no empieza cuando desaparecen grandes sumas de dinero del presupuesto; comienza mucho antes, cuando dejamos de considerar inaceptable que los recursos públicos se utilicen para fortalecer proyectos personales o políticos en lugar de garantizar el bienestar colectivo.

Paradójicamente, quienes creen obtener un beneficio inmediato terminan siendo las principales víctimas de ese modelo. Una ciudad donde el mérito es desplazado por la cercanía al poder desalienta la inversión, limita el crecimiento empresarial, reduce la generación de empleo privado y obliga a miles de jóvenes talentosos a buscar oportunidades fuera de su territorio. El resultado es una economía menos competitiva, instituciones más frágiles y una ciudadanía cada vez más dependiente del gobernante de turno. Se crea así un círculo vicioso donde la falta de oportunidades fortalece la dependencia política y esa misma dependencia dificulta la construcción de nuevas oportunidades.

Por eso considero que la verdadera discusión no consiste en señalar al ciudadano que vota pensando en la tranquilidad de su familia. Nadie puede ser indiferente a esa realidad. La discusión de fondo debe centrarse en el modelo de desarrollo que hemos construido y en la enorme responsabilidad de quienes ejercen el poder. Una democracia sana no puede descansar sobre ciudadanos que sienten que su estabilidad económica depende de apoyar a determinado grupo político. Una democracia sólida es aquella donde las personas encuentran oportunidades gracias a su capacidad, donde el sector privado crece, donde el empleo público se rige por el mérito y donde ningún ciudadano teme que ejercer libremente su derecho al voto pueda poner en riesgo el sustento de su hogar.

Tal vez el mayor desafío para Tunja y para Boyacá no sea únicamente elegir mejores gobernantes. El verdadero reto consiste en construir instituciones suficientemente fuertes para que ningún ciudadano tenga que escoger entre su dignidad económica y su libertad política. Ese debería ser el horizonte de cualquier sociedad que aspire al desarrollo integral. Porque, al final, el voto no solo define quién administrará un presupuesto durante 17 meses o en cuatro años; define el tipo de ciudad que construiremos durante las próximas décadas.

Antes de depositar un voto, quizá todos deberíamos hacernos una pregunta sencilla, pero profundamente transformadora: ¿estoy eligiendo a quién resolverá mi necesidad de hoy o a quien puede garantizar el futuro de las próximas generaciones? La respuesta no solo decidirá el resultado de una elección. También puede decidir el destino de nuestra amada ciudad.