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En días pasados el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, publicó un video en sus redes sociales en el que manifestó: “no voy a permitir que se siga instalando una nueva mentira, que ya están haciendo circular a propósito de elecciones. Proviene de los mismos de siempre (…). Se ha dicho que en la Gobernación de Boyacá se estaría obligando a contratistas a votar por un candidato para conservar su contrato (…)”.
Amaya rechazó categóricamente esos señalamientos e invitó a quienes los difunden a que presenten las supuestas “pruebas” a las autoridades competentes. “Yo mismo he tomado decisiones claras, y que he hecho públicas, para que no se nos pretenda enlodar en las elecciones que se avecinan”, sostuvo el gobernador.
Y añadió: “mi mensaje es claro: el voto es libre y que cada persona elija por quien se sienta representada, sin presiones”.
Ese mensaje del gobernador está muy bien, sin embargo hay que ponerse en los zapatos de los contratistas, no solo de la Gobernación, sino de entidades como los hospitales o las CAR, que seguramente no se sentirán muy libres a la hora de ejercer su derecho al voto, y no necesariamente porque alguien los esté presionando, sino porque no querrán poner en riesgo su puesto de trabajo y temen que si no sufragan por el candidato de la línea de su jefe, los van a descubrir y los van a despedir.
Para que haya constreñimiento electoral se necesitan dos: el constreñidor y el constreñido. En ese sentido lo ideal es que nadie ceda a las presiones para votar por determinando candidato, y lo recomendado es que haga valer su voluntad, pero lamentablemente no todos tienen ese coraje.
Es más, muchos no solo se sienten obligados a votar por los candidatos de la preferencia, cercanía o familiaridad de su jefe (patrón), sino que adicionalmente arrastran en esa lamentable conducta al papá, la mamá, la pareja, los, hermanos, los tíos y hasta a los abuelos para quedar bien con el que les dio el puesto de trabajo.
Es todo un círculo vicioso que a través de muchos años ha sido aprovechado por algunos de los que ejercen el poder y que se ha convertido en una práctica normal, difícil de ser castigada por los órganos de control, a no ser que existan pruebas fehacientes.
De nada vale que la Procuraduría General de la Nación emita advertencias o que los medios de comunicación alerten sobre esa situación, si no existe fuerza de voluntad por parte de los contratistas y funcionarios para evadir esas presiones.
Por eso los boyacenses deberían hacerle caso a las palabras del gobernador Carlos Amaya: “el voto es libre y que cada persona elija por quien se sienta representada, sin presiones”. Así sea.
Escrito por
Boyacá Siete Días
Publicado el 15 de febrero de 2026 · 6:00 a. m.