Escucha este artículo
Audio generado con IA
Hace cerca de 30 años la Cámara de Comercio acordó con la UPTC, propietaria del Pozo de Donato, arrendar el bien a un tercero y contribuir al mejoramiento y mantenimiento del lugar.
Por: Yuliana Bohórquez
La Cámara de Comercio de Tunja (CCT) entregó recientemente declaraciones sobre un informe de auditoría financiera emitido por la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de una revisión realizada a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que involucra a la entidad cameral por la administración de un bien entregado en comodato desde 1988.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, John Jairo Martínez, y el revisor fiscal, Jorge Armando Puin, expusieron los alcances del hallazgo fiscal que, según la Contraloría, podría representar un detrimento patrimonial estimado en $1.006.417.456 (mil seis millones de pesos).
Martínez Álvarez aclaró que el informe no constituye aún una responsabilidad fiscal en firme, sino un hallazgo preliminar. “Se trata de una situación heredada, que viene desde 1988 y que ha pasado por varias administraciones. Hoy nos corresponde dar la cara, explicar lo ocurrido y buscar soluciones que protejan los intereses de los comerciantes”, señaló.
Origen del hallazgo
El informe de la Contraloría se deriva de una auditoría realizada a la UPTC, propietaria del predio conocido como Pozo de Donato, entregado en comodato a la CCT. Posteriormente, el inmueble fue arrendado a un tercero bajo un contrato que incluía un pago en especie y un canon económico. Según la Contraloría, el valor del arriendo pagado no corresponde al valor razonable del bien.
De acuerdo con lo expuesto por el revisor fiscal, en el 2024 el canon mensual era de aproximadamente $1,5 millones, mientras que los estudios técnicos establecen que para el 2025 el valor debería ser superior a $20 millones. Al aplicar la metodología de la Contraloría en los últimos cinco años, se determinó el presunto detrimento.
“El riesgo financiero es alto y compromete recursos que pertenecen a los comerciantes afiliados, no a directivos ni a la administración. Por eso convoqué a una junta directiva extraordinaria”, afirmó el revisor fiscal Jorge Armando Puin.
Acciones a seguir
La administración de la Cámara anunció que evaluará acciones para evitar que la situación se prolongue, entre ellas, dialogar con la UPTC para definir el futuro del predio y revisar las condiciones contractuales con el arrendatario, con el fin de prevenir nuevas afectaciones y eventuales demandas.
Finalmente, tanto la Presidencia Ejecutiva como la Revisoría Fiscal reiteraron su compromiso de llegar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer responsabilidades y salvaguardar los recursos de los comerciantes y empresarios de la región.
Redactora de Boyacá Sie7e Días
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 4 de febrero de 2026 · 5:30 a. m.
