El comité se pronunció con vehemencia sobre el trato que le está dando el Gobierno nacional al sector minero del carbón.
Imagen del paro de mineros de Boyacá y Cundinamarca de agosto pasado. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días
Un pronunciamiento contundente hizo el Comité de Delegados del Paro Minero de Boyacá y Cundinamarca frente a la política de ‘transición energética justa’ que adelanta el Gobierno nacional.
“Ante la invitación al foro ‘Construcción del Plan de Transición Energética Justa y Democrática de Boyacá y Cundinamarca’, el Comité del Paro informa: dentro de los acuerdos del paro realizado en el mes de agosto del 2025 en Paipa, está el de realizar un foro donde se analizará todo el tema de transición energética y sus implicaciones para el sector del carbón en las regiones productivas.
De igual manera, se planteó que toda la logística y demás acciones tendientes para hacer el mencionado foro, iba a ser concertada entre el Ministerio de Minas y Energia y el Comité del Paro”, señala.
Agrega que, sin embargo, las decisiones han sido tomadas de manera unilateral por parte del Ministerio, sin contar con el aval del comité, menoscabando la confianza que debe haber entre las partes.
“Cabe recordar que se había propuesto una fecha inicial, la cual fue cambiada sin el consentimiento del comité. También nos hemos encontrado con la sorpresa de que por parte del Ministerio se viene realizando en nuestras regiones una serie de eventos y programas con el argumento de que se está trabajando por el “desarrollo del sector minero”. No obstante, no hemos sido informados a tiempo y mucho menos convocados, por lo que rechazamos de manera vehemente este tipo de acciones”, recalca.
Los voceros de los mineros afirman que, es inadmisible que se pretenda decidir sobre el futuro de su actividad sin la presencia de quienes la representan legítimamente, y que no menos importante es la Ley de Garantías, Ley 996 del 2005, la cual entró a regir a partir del 8 de noviembre del 2025, para las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el proximo marzo del 2026, lo cual los llena de preocupación, ya que eventos como el foro previsto puede utilizarse para fines politicos y electorales, lo que vendría en contra de los objetivos fundamentales de la mencionada ley que son transparencia, equidad e imparcialidad.
“Ante esto, no permitiremos que el nombre de los pequeños mineros de Boyacá y Cundinamarca sea utilizado para avalar procesos cuya legitimidad puede verse comprometida.
A pesar del avance significativo de los acuerdos establecidos, la crisis del sector se ha profundizado. EI abandono del Gobierno nacional es evidente: nuevas normativas que ponen en riesgo nuestras operaciones y discursos oficiales que insisten en acabar la minería de carbón bajo una “transición energética justa”, que así como está siendo llevada por el Gobierno actual tiene más de injusta y poco planeada, ignorando las necesidades y futuro de las miles de familias que dependen de la actividad minera para subsistir”, aseguran.
Manifiestan que, es claro el afán del Gobierno por mostrar avances formales en los acuerdos, sin ofrecer soluciones reales ni respuestas contundentes a la grave crisis que enfrenta el sector.
“Todo se ha quedado en retórica, dilaciones y promesas vacías que no atienden las necesidades urgentes del sector carbonero de Boyacá, Cundinamarca y el país”, señalan.
Ante este escenario, el comité anunció que ha decidido mantenerse al margen de las decisiones, acciones, programas y estrategias que el actual Gobierno nacional y los entes territoriales pretendan adelantar en relación con el sector minero, mientras no exista un diálogo real, transparente y respetuoso con quienes representan a los pequeños mineros en las regiones.
