El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Partido Liberal Hugo Alfonso Archila Suárez, por posibles irregularidades en la integración de la UTL.
El representante por Casanare Hugo Archila desestimó la demanda, calificándola como una estrategia de desprestigio. Foto: Boyacá Sie7e Días
*Por: Miguel Arango Devia
Con ponencia del magistrado William Barrera Muñoz, el Consejo de Estado admitió la demanda presentada por el ciudadano Oromairo Avella Ballesteros contra el representante a la Cámara por el departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez, elegido por la circunscripción del Partido Liberal Colombiano.
La acción judicial invoca la causal de pérdida de investidura por destinación indebida de dineros públicos, consagrada en el numeral 4° del artículo 183 de la Constitución Política, la cual sanciona a los congresistas que empleen recursos del erario en fines distintos a los legalmente establecidos.
Reclama el demandante que, varios de los integrantes de la UTL residen en departamentos distintos a Casanare y a la sede legislativa en Bogotá, como Santander, La Guajira, Meta y Cesar, lo cual violaría el marco funcional definido por la Resolución 1095 del 2010 de la Cámara de Representantes, que exige que dichos cargos estén orientados al apoyo legislativo y territorial del congresista electo, además de que el representante habría vinculado funcionarios que no cumplen funciones en el Congreso ni en el territorio de Casanare, pero reciben remuneración con recursos públicos.
El demandante menciona los casos de los asesores Fabián Rolando Méndez Cáceres, Daniela Alejandra Peraza Oñate, Yolanda Patricia Niño Usme, María Carolina Cerchiaro Mejía y Belisario José Orozco Becerra, quienes no registran ingresos al edificio del Congreso y que residen en otras regiones del país menos en Casanare, lo que podría constituirse en destinación indebida de dineros públicos, al haberse presuntamente utilizado recursos estatales para pagar salarios a personas que no cumplían funciones efectivas en el Congreso ni contribuían al trabajo legislativo en el departamento de Casanare.
El representante Hugo Archila emitió un comunicado, en el que se refiere a la demanda por pérdida de investidura como carente de todo sustento jurídico y constitucional y obedece a intereses políticos y personales ajenos al correcto ejercicio del control legislativo.
Argumenta el político liberal que, es una estrategia de desprestigio y persecución política de quienes han buscado calumniar su imagen como representante por distintas vías, especialmente ahora ante la proximidad de procesos electorales regionales y nacionales.
“Es una clara intención de manipular a la opinión pública mediante denuncias infundadas y temerarias que generan un desgaste para el aparato judicial”, dice.
*Corresponsal de Boyacá Sie7e Días en Casanare