El reciente asesinato de Miguel Uribe estremeció al país, no solo por su crueldad, sino porque entre los responsables había un adolescente que apretó el gatillo. Este hecho doloroso nos obliga a cuestionarnos: ¿es suficiente la justicia de infancia y adolescencia en Colombia para responder a la magnitud de delitos tan graves? La respuesta es evidente: se necesita una modificación profunda y tal vez en urgencia.
Cuando se diseñó el sistema penal para adolescentes, se partió de la idea de jóvenes con una madurez limitada, incapaces de dimensionar las consecuencias de sus actos. Hoy esa premisa ha venido quedando atrás. Un adolescente de 14 o 15 años tiene acceso a internet, redes sociales, contenidos que amplían su visión del mundo, contacto culturales y emocionales con mayor avance, lo que le permite alcanzar niveles de conocimiento impensables en generaciones anteriores. Por eso surge la pregunta: ¿debemos seguir aplicando un modelo de justicia creado para una adolescencia que ya no existe?
Este caso no es aislado. Es reflejo de una problemática más profunda: la fragilidad de la familia y la falta de referentes sólidos. Hogares fragmentados, violencia intrafamiliar, ausencia de acompañamiento escolar y consumo temprano de drogas o alcohol, son factores que dejan a muchos jóvenes sin rumbo, vulnerables a la violencia y a la ilegalidad. Frente a esa realidad, el sistema penal para adolescentes actual resulta insuficiente.
La sociedad se indigna —con razón— cuando un adolescente involucrado en un crimen atroz recibe sanciones como amonestaciones y máximo una y puede recuperar la libertad en pocos años. Sin embargo, el debate no puede reducirse a endurecer penas. El verdadero reto está en aplicar sanciones proporcionales, que reconozcan tanto la madurez del joven como la gravedad del delito, acompañadas de programas de resocialización efectivos. Porque no es la cárcel lo que transforma vidas, sino la educación, la rehabilitación y el fortalecimiento del entorno familiar y comunitario.
Reformar esta justicia exige un enfoque integral que contemple: penas proporcionales a la gravedad de los delitos; programas reales de resocialización con educación y trabajo; prevención desde la primera infancia para formar valores y proyectos de vida; estrategias de fortalecimiento familiar, porque sin familias fuertes no hay jóvenes fuertes; reconocimiento de que la adolescencia actual es distinta a la de hace dos décadas.
Como exfiscal y exalcaldesa he visto de cerca el dolor de las víctimas y las limitaciones del sistema para responder con eficacia. Casos como el de Miguel Uribe son un espejo de lo que falla: un modelo que no se ajusta a la realidad del país.
Hoy hago un llamado a los legisladores a abrir este debate con profundidad y visión de futuro; a las familias, para que asuman su rol irremplazable en la formación de los jóvenes, y a la sociedad, para comprender que la justicia juvenil que sembremos hoy será la que cosechemos en el futuro.
La justicia de infancia y adolescencia no puede seguir siendo el eslabón débil. Si aspiramos a un país más justo y seguro, debemos transformarla para que proteja a las víctimas, prevenga el delito y convierta a nuestros jóvenes no en protagonistas de tragedias, sino en la base de un mejor mañana.