La audiencia en la que se decidirá la medida de aseguramiento iniciará a las 11:00 a.m.
Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. Foto: archivo particular
*Por: Yuliana Bohórquez
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría, y a la directora de la Unidad de Contratación de la Alcaldía, Luz Mila Acevedo Galán, por el presunto delito de celebración indebida de contratos.
De acuerdo con el organismo acusador, días después de los comicios del 2023 el abogado Juan Sebastián Ramírez interpuso una demanda de nulidad electoral contra Krasnov, quien fue elegido alcalde para el periodo 2024-2027. En enero del 2024, funcionarios de la Alcaldía, entre ellos Pedraza y Acevedo, habrían gestionado la vinculación laboral de Ramírez con la administración municipal a cambio de que retirara la demanda.
Según la Fiscalía, los contratos fueron usados para favorecer al alcalde, lo que constituiría interés indebido en la celebración de contratos y vulneración de principios de transparencia. Además, el gerente de Ecovivienda en ese entonces, Eduardo Camargo, habría sido presionado y amenazado para encubrir la contratación de Ramírez. Sin embargo, ninguno de los tres imputados aceptó los cargos.
El fiscal solicitó al juez de control de garantías imponer medidas de aseguramiento no privativas de la libertad contra el alcalde de Tunja y la exgestora social, tras exponer a cada uno, por separado, el delito, los elementos de conocimiento que sustentan la medida y la urgencia de la misma.
Cabe precisar que existen dos tipos de medidas de aseguramiento: la detención preventiva en establecimiento de reclusión y la detención preventiva en residencia, así como las medidas no privativas de la libertad, como las aplicadas en este caso.
El ente acusador recordó que las medidas no privativas de la libertad contemplan la obligación de presentarse periódicamente o cuando sean requeridos ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país y la restricción de comunicarse con determinadas personas.
Por su parte, el procurador judicial penal, Fabio Serrano, en representación del Ministerio Público, precisó que estas personas, imputadas por delitos de interés indebido en la celebración de contratos (y en el caso del alcalde también por amenazas a testigos) “pueden ser una probabilidad, por ahora muy primigenia o reitero, de que pueden ser los autores o partícipes de las conductas punibles que se les atribuyen o se les atribuyeron en la imputación”.
El funcionario explicó además que existen tres finalidades constitucionales que justifican la necesidad de una medida de aseguramiento: evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia; prevenir que represente un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y garantizar su comparecencia al proceso o al cumplimiento de la sentencia.
La audiencia fue suspendida hacia las 5:00 de la tarde de este miércoles, luego de que los abogados del alcalde y de la exgestora social solicitaran al juez más tiempo para analizar el acervo probatorio presentado por la Fiscalía.
La defensa de Krasnov argumentó que se necesitaba revisar y validar los documentos y pruebas compartidos por el ente acusador para sustentar la solicitud de la medida de aseguramiento. En la misma línea, el abogado de Pedraza manifestó: “debido a los voluminosos elementos materiales probatorios entregados, era indispensable un término prudencial para examinar los requisitos legales que respaldan la imposición de dicha medida”.
El juez de control de garantías aceptó la solicitud, suspendió la audiencia y la reprogramó para este jueves 25 de septiembre a las 11:00 a.m.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días