Reconocer a las víctimas de desaparición forzada es una responsabilidad del Estado y un paso fundamental para avanzar hacia la reparación integral.
Las desapariciones forzadas han afectado no solo directamente a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades enteras. Foto: archivo particular
*Por: Yuliana Bohórquez
El 30 de agosto fue declarado en 1982 como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 81.742 casos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, el país no tiene un número unificado sobre la magnitud de este crimen que, según la ONU, constituye un flagelo mundial.
En su más reciente visita, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó que persisten “deficiencias sistémicas como la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas”.
El CNMH, desde su creación, ha documentado y promovido investigaciones en torno al fenómeno. En el 2016, presentó el informe ‘Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia’, en el cual reveló que entre 1970 y el 2015 se registraron 60.630 casos. El Observatorio continuó con el seguimiento y hoy reporta 81.742 víctimas, una cifra comparable con la población de municipios como Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
El Observatorio también detalla que los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1 % de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (13.562 víctimas); las guerrillas, del 19,9 % (5.849); los grupos pos desmovilización, del 8,8 % (2.598), y agentes del Estado, del 8 % (2.368). La desaparición forzada se ha presentado en 1.010 de los 1.115 municipios del país, con mayor impacto en el Magdalena Medio, el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá.
El CNMH también señala que, de cada 100 víctimas del conflicto armado, 21 fueron desaparecidas forzosamente, lo que equivale a que una de cada cinco víctimas sufrió este crimen. La mayoría eran hombres, campesinos o trabajadores rurales, entre los 18 y 59 años, y en la mitad de los casos se desconoce el presunto responsable.
La ONU ha advertido que “la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta. Si antes era producto de dictaduras militares, hoy puede perpetrarse en contextos de conflicto interno como método de represión política de los oponentes”.
Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002) como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU, 2006) reconocen que cuando este crimen hace parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Además, garantizan a las familias de las víctimas el derecho a la verdad y a la reparación.
A pesar de décadas de esfuerzos, decenas de miles de víctimas siguen en paradero desconocido. La ONU insiste en la urgencia de tomar medidas inmediatas y advierte que las familias permanecen atrapadas “en callejones burocráticos sin salida”.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días