Las asociaciones cuestionan los acuerdos firmados, asegurando que los páramos quedaron a merced de los terratenientes y la minería.

Parámeros en la mesa de diálogo que se realizó por el paro la semana pasada en Ventaquemada. Foto: Boyacá Sie7e Días.
*Por: Yuliana Bohórquez Montañez
La Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (Asoacctasco) y la Veeduría Ciudadana Ambiental de Tasco emitieron un comunicado este 12 de agosto, en el que manifestaron su inconformidad frente a recientes acuerdos suscritos entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; Roberto Arango Torres, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
En el texto, las organizaciones señalaron: “en 30 años de lucha por la protección del páramo de Pisba no conocíamos una actitud tan regresiva de un mandatario departamental, que puso todo al servicio de un privado para pisotear las leyes ambientales de Colombia y los derechos de los ambientalistas”. Según el comunicado, consideran que los acuerdos alcanzados son “infantiles” y “deslegitiman groseramente el trabajo de defensa ambiental”.
La asociación cuestionó “la actitud tibia, permisiva, falta de ética y de criterio por parte del Gobierno” y advirtió que, si no se toman medidas urgentes, se podría “abrir totalmente el camino a la minería que arrasará nuestros páramos y dejará sin agua a más del 70 % de la población colombiana”.
El documento también recordó antecedentes, como las movilizaciones del 21 de octubre del 2024, en las que, según señalan, Arango Torres y sus asesores promovieron bloqueos para solicitar la derogatoria de resoluciones de delimitación de varios páramos de Santander y de artículos de la Ley 1930 del 2018, que establecen restricciones a la minería y regulaciones para actividades de bajo impacto y reconversión productiva.
Asoacctasco afirmó que lo que los terratenientes de El Cocuy buscan es seguir explotando a sus anchas, sin guardapáramos que alerten a las autoridades ambientales sobre las actividades agropecuarias y mineras que allí tengan lugar, lo que afectaría a pequeños campesinos que podrían quedar a merced de la minería y los terratenientes de la alta montaña.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, dialogado con Roberto Arango y otros campesinos. Foto: Boyacá Sie7e Días.
Asimismo, mencionan que Roberto Arango ha sido sancionado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), citando el Auto 0281 del 2015 que le impuso el pago de más de 76 millones de pesos por obligaciones relacionadas con un título minero.
En el comunicado, las organizaciones rechazaron “todo acto de estigmatización en contra de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco y la Veeduría Ciudadana Ambiental de Tasco, y de todas las organizaciones que luchamos diariamente por defender la vida de los páramos de Colombia”, dijeron.
El pronunciamiento concluye con la advertencia: “los páramos no pueden quedar a la deriva ni en manos perversas de quienes destruyen la vida”.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días