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Colombia reconoce la salud mental como un derecho fundamental e implementa un modelo integral con enfoque preventivo territorial. La nueva ley busca cerrar brechas de acceso y prioriza la atención en poblaciones vulnerables.
El 66,3 % de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental, según datos del Onsm. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
*Por: Nury Vargas
En un país donde el 66,3 % de las personas ha declarado haber vivido algún problema de salud mental, según datos del Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM), la reciente firma de la ley de salud mental por parte del presidente, Gustavo Petro, marca un hito en la historia de la salud pública colombiana.
Esta nueva normativa, aprobada por el Congreso de la República, establece un modelo de atención integral que va más allá del tratamiento clínico: busca intervenir desde los hogares, instituciones educativas, lugares de trabajo y comunidades, con acciones concretas de prevención, educación emocional, entrega continua de medicamentos y fortalecimiento del recurso humano.
Según explicó Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, “la norma contempla la presencia de equipos básicos de salud mental distribuidos por todo el país, inclusive en zonas rurales históricamente desatendidas, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a servicios especializados”.
Además, enfatizó que se trata de un modelo preventivo, comunitario y territorializado, con especial énfasis en la educación emocional desde la infancia.
Con esta ley, las empresas, EPS, instituciones educativas y entidades territoriales adquieren nuevas responsabilidades en la detección temprana de señales de alerta y en la promoción del bienestar psicosocial. Se espera que estas acciones también contribuyan a derribar el estigma que aún pesa sobre los trastornos mentales.
Para César Sierra, coordinador del Programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano, sede Medellín, “esta ley no solo reconoce la importancia de la salud mental en nuestro país desde una perspectiva integral y de derechos humanos, sino que también garantiza la atención prioritaria a poblaciones vulnerables, como lo son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad”, explicó.
Además, afirmó: “esta ley nos acerca a un sistema mucho más humanizado, accesible y de manera preventiva, en cuanto se resalta la promoción y prevención de la salud mental, donde precisamente la salud mental deja de ser un tema aislado para convertirse en una responsabilidad colectiva, nacional y transversal”.
La realidad actual refuerza la urgencia de su implementación. En Colombia, conseguir una cita con psicología o psiquiatría puede tardar más de dos meses. La falta de profesionales, sobre todo en zonas rurales, limita el acceso a un derecho que ahora es reconocido como fundamental.
La psicóloga Sindy Quintero, de los Centros Médicos Colmédica, lo resume así: “Colombia atraviesa una crisis silenciosa y alarmante, con síntomas cada vez más frecuentes de ansiedad generalizada, tristeza persistente, ataques de pánico y autolesiones, incluso en poblaciones muy jóvenes”.
Quintero destacó que, tras la aprobación de la ley, para la primera atención “se debe contar en los centros de salud de baja complejidad con personal capacitado para atender crisis psicológicas, ansiedad, consumo de sustancias y otros malestares psíquicos, evitando que los casos se agraven por remisiones tardías”.
La ley también contempla una mirada amplia e inclusiva. Reconoce la vulnerabilidad de mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, niños y comunidades étnicas. Para atenderlos, propone crear facultades públicas en salud mental, consultorios psicológicos universitarios y campañas educativas que promuevan la empatía, el autocuidado y la erradicación del estigma.
En ese sentido, Máncel Enrique Martínez Ramos, director de la especialización en Epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, señaló: “la depresión sigue siendo una de las principales preocupaciones, con prevalencias que alcanzaban 15,8 % en adolescentes y que, tras la pandemia, se incrementaron notablemente, especialmente en mujeres y jóvenes”.
Luisa Fernanda Zúñiga López, directora de la sección de Psicología Clínica de Uniagraria, coincide en que los efectos de la pandemia aún no se han superado. “Existe un mayor índice en suicidios e intentos de suicidio, y los cuadros de ansiedad y depresión son ahora los motivos de consulta más frecuentes”, dijo.
Y añadió: “el duelo —tanto por muertes como por rupturas afectivas— se ha vuelto un desafío social, porque durante la pandemia no se pudieron vivir los rituales habituales de despedida. Sumado a ello, la violencia en nuestro país añade una capa de trauma que los pocos profesionales de salud mental disponibles luchan por atender”.
A esto se suma la preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas, monitoreado por el Onsm, y los casos de psicosis en personas mayores de 45 años, que superan el 6,7 %. Por ello, la ley insiste en garantizar la entrega continua de medicamentos y el acceso efectivo a tratamiento.
Con un enfoque transversal que involucra los sectores de salud, educación, justicia, cultura y trabajo, la nueva ley de salud mental se convierte en una respuesta estructural a una crisis silenciosa que por años ha afectado a millones de colombianos.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 18 de julio de 2025 · 3:00 p. m.
