Por cuenta de dos contratos de actualización catastral, habitantes de ocho municipios de las provincias de Valderrama, Norte y Tundama están viviendo un calvario por variaciones injustificadas en las áreas prediales y aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, entre otras dificultades que han venido afrontando.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) suscribió el contrato de adquisición de servicios de no consultoría No. 24363-2021 con Telespazio Argentina S.A., cuyo propósito era desarrollar el ‘programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano’, por valor de 5.077.467.375 pesos, financiado por el Banco Mundial.
Este contrato 24363 del 2021 se celebró para la actualización del catastro multipropósito en los municipios boyacenses de Socha, Socotá, Sativasur y Tasco.
El otro contrato es el de no consultoría No. 24360 del 2021, por 3.381.822.480,56 pesos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la actualización catastral en los municipios de Busbanzá, Betéitiva, Corrales y Paz de Río, en las provincias de Tundama y Valderrama.
Ante quejas de las comunidades de estos ocho municipios y de veedores ciudadanos, la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una actuación de control fiscal, en la que verificó múltiples inconsistencias técnicas y operativas en la ejecución del Contrato No. 24363 del 2021. Así mismo, encontró deficiencias en el uso de ortofotos desactualizadas (la ortofoto se genera a partir de fotografías aéreas que han sido rectificadas para adaptarse a la forma del terreno), falta de implementación del plan de calidad, ausencia de evidencias sobre la socialización de resultados, así como la falta de comunicaciones a los predios individuales y de actas de colindancia.
Según la Contraloría, estas omisiones comprometen la calidad, validez y legalidad del proceso de actualización catastral y constituyen fundamentos técnicos que sustentan la existencia de irregularidades en la ejecución contractual, por lo que este ente de control configuró un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por irregularidades en la actualización catastral producto del contrato en referencia.
De acuerdo con la CGR, aunque las entidades involucradas manifestaron haber realizado actividades de socialización en cumplimiento del artículo 6° de la Resolución 1149 del 2021, la evidencia allegada resulta insuficiente frente a la magnitud del proceso ejecutado.
Según los propios soportes entregados por el operador y el gestor catastral, la participación en actividades de socialización desarrolladas en los municipios no fue superior al 3 % del universo total de predios intervenidos en el marco del contrato. Este bajo nivel de alcance, además de constituir un incumplimiento parcial de los principios de participación ciudadana y transparencia, afectó negativamente la apropiación social del proceso.
Lo anterior se evidenció durante la visita realizada por la CGR a los municipios objeto del contrato, en la cual algunos ciudadanos manifestaron que solo tuvieron conocimiento de la existencia del catastro multipropósito al momento de recibir el cobro del impuesto predial por parte de las alcaldías, y observar diferencias sustanciales respecto de los valores del periodo anterior o en los datos de área y titularidad registrados.
En consecuencia, la Contraloría evidenció que la estrategia de socialización fue débil, insuficiente e ineficaz, y no cumplió con el objetivo de generar conocimiento claro y oportuno en la población impactada por el proceso, por tanto, este aspecto no se desvirtuó, y se consideró que la falta de socialización y difusión efectiva comprometió la legitimidad del proceso de actualización.
La CGR explicó que, en su respuesta, Telespazio Argentina S.A. insistió en que las observaciones formuladas por la Contraloría carecen de fundamento técnico, toda vez que, según afirma, todos los productos fueron entregados conforme al contrato, revisados y aprobados por el IGAC y validados por la banca multilateral. La empresa reiteró que cumplió con el proceso de recolección de información física, jurídica y económica, que empleó métodos mixtos conforme al Decreto 148 del 2020 y que no existió ninguna omisión que afectara la calidad de los resultados, no obstante, dicha respuesta omitió confrontar directamente las evidencias recogidas por el órgano de control fiscal, tales como las inconsistencias en avalúos, las variaciones de áreas sin trazabilidad y la débil socialización territorial, aspectos que se detallaron con claridad en el cuerpo de la observación.
La Contraloría precisó que, el Contrato No. 24360 del 2021 cuenta con el acta de terminación correspondiente y fue formalmente liquidado por el IGAC el 28 de diciembre del 2022, que no se tiene conocimiento de la existencia de un proceso administrativo sancionatorio en curso al momento de esta revisión, pero, sin embargo, los hallazgos identificados durante la atención de la denuncia reflejan fallas técnicas relevantes, como el incremento desproporcionado de avalúos y la ausencia de notificaciones individuales predio a predio a los contribuyentes; tampoco se halló evidencia de socialización adecuada ni de la suscripción de actas de colindancia con propietarios.
En cuanto al Contrato No. 24363 del 2021, la entidad indicó que no se evidenció la implementación efectiva del plan de calidad ni la aplicación de acciones de aseguramiento y muestreo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 388 del 2020 del IGAC; en la fase posoperativa no se encontró documentación que acreditara la remisión de comunicaciones prediales individuales a los contribuyentes, ni actas o registros que evidenciaran reuniones de socialización convocadas por el operador, tampoco se presentó una relación organizada de actas de colindancia suscritas por los propietarios.
En consecuencia, se configuraron los siguientes hallazgos:
Hallazgo No. 1: Actualización del Catastro Multipropósito mediante el Contrato de no consultoría No. 24360 del 2021 correspondiente a los municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Paz de Río, Boyacá, administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la cuantía de 3.381.822.480,56 pesos.
Hallazgo No. 2: Actualización del Catastro Multipropósito mediante el Contrato de no consultoría No. 24363 del 2021 correspondiente a los municipios de Sativasur, Socha, Socotá y Tasco del departamento de Boyacá, administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la cuantía de 5.077.467.375,00 pesos. Para una cuantía total de 8.459.289.855,56 pesos.
Teniendo en cuenta que se evidenciaron conductas que deben ser investigadas por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República hizo traslado para lo de su competencia.
Ahora la pregunta es: ¿cuándo les solucionarán este catastrófico problema a los habitantes de estos ocho municipios de Boyacá?
