La demanda la interpuso la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia).
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió una resolución que reglamenta la inscripción y cancelación de organizaciones de cadena en los sectores agropecuario, pesquero, forestal y acuícola, en donde flexibiliza los requisitos fundamentales para la inscripción y supervisión de dichas organizaciones.
La Fundación para el Estado de
Derecho (FEDe. Colombia) presentó una demanda de nulidad contra la mencionada resolución, la 085 del 2 de abril del 2024, al considerar que flexibiliza de manera cuestionable los requisitos fundamentales para la inscripción y supervisión de dichas organizaciones.
FEDe. Colombia argumentó que la Resolución 085 viola principios constitucionales esenciales, como el de legalidad, gobierno constitucional y transparencia, al eliminar requisitos clave, como la obligatoriedad de presentar un plan de acción y de indicadores de desempeño para las
organizaciones de cadena.
“La resolución abre la puerta a que estructuras sin capacidad puedan recibir recursos parafiscales. Estos recursos, que provienen de contribuciones específicas para el desarrollo sectorial, deben ser gestionados bajo estrictos criterios de destinación y eficiencia. La flexibilización de estos requisitos permite la inclusión de organizaciones no alineadas con los fines legales de sostenibilidad y desarrollo competitivo del sector, y puede resultar en un uso inadecuado de los recursos parafiscales, desviándolos de sus objetivos legales”, explicó la FEDe. Colombia.
Indicó que, el proceso de expedición de la Resolución 085 no cumplió con los estándares de publicidad y participación que exige la Ley 1437 del 2011 y el Decreto 1081 del 2015, normas que establecen que los proyectos de regulación deben ser publicados con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar observaciones, pero, en este caso, se otorgó un solo día para comentarios, que resultó insuficiente para una revisión y contribución efectiva por parte de los ciudadanos y actores del sector.
Sobre la decisión del Consejo de Estado de admitir la demanda, la Fundación señaló que este importante avance en el proceso refuerza el compromiso de FEDe. Colombia con los valores propios del Estado de Derecho, en el que los recursos públicos se gestionen bajo una normativa clara, coherente y en sintonía con los intereses colectivos.
“La Fundación para el Estado de Derecho defiende el principio de que cualquier acto administrativo se ajuste estrictamente al marco constitucional y legal, especialmente cuando se trata de decisiones que impactan directamente la estructura económica y productiva del país”, recalcaron.