Por pérdida de investidura se modifica el Concejo de Aguazul, Casanare

Por fallo en primera y segunda instancia, concejal de Aguazul perdió su curul.

Jader Andrés Flórez Castañeda perdió su curul en el Concejo de Aguazul. Foto: archivo particular

El Consejo de Estado ratificó en instancia definitiva la pérdida de investidura de Jader Andrés Flórez Castañeda, concejal de Aguazul, ratificando así el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare.

El asunto está relacionado con una inhabilidad para ocupar la dignidad de concejal de la capital arrocera de Casanare, debido a una condena que había proferido la justicia penal ordinaria por el delito de microtráfico contra el dirigente conservador Jader Andrés Flórez Castañeda.

En una primera instancia, con fallo de enero del presente año, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó su pérdida de investidura por violar el régimen que impide a un ciudadano cobijado por una condena presentarse como candidato a un cargo de elección popular.

La situación se remonta a la pena que el Juzgado Tercero Penal de Yopal le impuso a Flórez Castañeda en el 2014, que lo condenó a 56 meses de prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes.

El castigo impuesto fue comunicado al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, que redimió 4 meses y 2 días de la pena por trabajo y en el 2018 se decretó la extinción de la sanción penal por cumplir el periodo de prueba por parte del condenado, que igualmente fue cobijado con un beneficio de excarcelación y control electrónico.

En un principio, la demanda fue acogida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que calificó como configurada la inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, en cuanto dispone que no podrá ser elegido concejal quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad, circunstancia que conlleva a que pierda su investidura, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 48 (ibídem) y por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, teoría que fue ratificada por el alto tribunal de lo contencioso administrativo.

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