La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Hato Corozal Alexander Martínez Parra, porque no ejecutó los recursos económicos destinados en el 2019 a la comunidad indígena del resguardo de Caño Mochuelo.
De acuerdo con la investigación, los recursos financieros del Sistema General de Participaciones, dispuestos para esta población vulnerable, durante la vigencia señalada, no fue ejecutado por el entonces mandatario, Martínez Parra, con lo cual vulneró el derecho de estas personas a invertir el presupuesto programado a su favor, según lo dispuesto en la ley.
En el resguardo Caño Mochuelo, ubicado en el extremo nororiental de Casanare, conviven diez naciones indígenas, cuatro de ellas consideradas sedentarias como los sikuani, piapoco, sáliba y amorua; las restantes, aún preservan sus principios de tradición nómada, como los maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero (mayaleros), tsiripus y yaruros).
De acuerdo con las pruebas recaudadas que esgrime la Procuraduría, la partida presupuestal se gestionó dos años después, en el 2021, es decir, por otra administración diferente a la del investigado.
A juicio del Ministerio Público, el funcionario no actuó con oportunidad y diligencia, “pues tenía la obligación permanente de cumplir con las previsiones legales y constitucionales, máxime cuando se trata de un servicio a favor de las comunidades indígenas”.
La conducta reprochada provisionalmente a Martínez Parra fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare como falta grave a título de culpa gravísima.