El propósito de la Defensoría es velar porque se garanticen derechos a personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de Boyacá.
A la fecha, el defensor de pueblo del departamento, Jorge Eliécer Cortés, ha visitado las cárceles de Chiquinquirá, Guateque, Sogamoso y El Barne, en Cómbita; el recorrido seguirá por los demás centros de reclusión.
Durante las jornadas se realizan brigadas jurídicas para revisar carpetas de aquellas personas que por su condición socioeconómica no pueden pagar un abogado; se estudia si ya cuentan con beneficios como 72 horas de permiso, prisión domiciliaria, libertad condicional, entre otros, y se les apoya para que puedan acceder a estos privilegios.
Adicionalmente, el defensor enfatiza en la importancia de velar porque se garanticen los derechos de los presos, puesto que “la sociedad reprocha y señala a estas personas, pero debemos entender que, si bien ya perdieron nada más y nada menos que el derecho a la libertad y pagan de esa manera los errores cometidos, aún cuentan con el derecho a la salud, al trato digno, al trabajo, a estudiar”, señaló Cortés.
La situación más preocupante encontrada hasta ahora se da en la Cárcel de Máxima Seguridad El Barne, donde el cambio de operador generó situaciones como que el desayuno se estaba brindando sobre las 5:00 de la tarde, no se daba cena y no se tenían en cuenta las dietas especiales de las personas enfermas; la Defensoría, la Procuraduría y otras instituciones vigilan el plan de acción que se planteó para superar esta situación, en uno de los centros que más sobrepoblación tiene, pues según Cortés, hay una sobrecarga de mil personas aproximadamente.
“Estamos vigilando que se brinde un servicio médico adecuado, que las minutas establecidas sean las que se proporcionan y que se dé un trato humanitario”, agregó el funcionario.
Estas jornadas se realizarán en las 9 cárceles de Boyacá, con el apoyo y acompañamiento de los profesionales en derecho de la Defensoría; para la Regional Boyacá, hay 135 abogados, que fungen como defensores públicos, algunos de ellos defienden a las víctimas (cerca de 20) y la mayoría defiende y vela por los derechos de los procesados.
