El no acatamiento de un fallo judicial les costó la vida a dos mineros, que murieron tras una explosión en una mina que no debía estar operando.

El pasado 27 de octubre, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó suspender toda actividad minera ilícita en la vereda San José del municipio de Tópaga, entre las que se encontraba la bocamina donde ayer ocurrió una tragedia, ubicada en el sector Peña de las Águilas.

El cuarto punto de la decisión del Tribunal señala: “Ordenar a Corpoboyacá y a la Agencia Nacional de Minería que, dentro del ámbito de sus competencias, verifiquen el cumplimiento de los requerimientos efectuados por dichas entidades a cada uno de los titulares mineros, relacionados en los informes allegados a la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental e indicados en precedencia, con el fin de evitar la causación de mayores perjuicios, no solo medioambientales sino de alto riesgo, tal como se acreditó en el expediente”.

Se volvió costumbre en Boyacá que algunos empresarios mineros no hagan caso a las decisiones de las autoridades y esas desobediencias ya han costado más de 10 vidas este año.