Por cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional tumbó uno de los decretos más controvertidos de la pandemia, el que creó el impuesto solidario, que se cobró a funcionarios y pensionados.
Este impuesto, creado por el Gobierno, gravó únicamente a funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganen más de 10 millones de pesos. El tributo ordenó que a estas personas se les descontara en mayo, junio y julio desde un 10 hasta un 20 por ciento de su salario o pensión, dinero que sirvió para alimentar con unos 287.000 millones de pesos el fondo Fome, creado para atender la pandemia.
El alto tribunal aseguró que su decisión tiene efectos retroactivos. Sin embargo dijo que los dineros que se habían alcanzado a pagar por quienes vieron los descuentos en sus salarios por cuenta del impuesto, «se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021».
Antes de votar sobre la contribución –que ha sido muy criticada por funcionarios, sobre todo de la Rama Judicial–, la Corte debía definir sobre los tres impedimentos. Así, en el caso se habían declarado impedidos los magistrados Bernal, Alejandro Linares y José Fernando Reyes Cuartas, porque algunos de sus familiares trabajan en el sector público y se habían visto afectados con el descuento del tributo.
Al evaluar esos impedimentos, la Sala Plena encontró que esta no era una razón válida para apartarlos del caso y permitió que los tres magistrados participaran de la decisión. Como base de su decisión, la Sala tuvo en cuenta el antecedente de lo que habían dicho nueve conjueces que en mayo evaluaron un impedimento general que presentaron todos los magistrados de la corporación.
En ese momento los magistrados se habían declarado impedidos en este caso ya que por cuenta del impuesto, cada mes vigente del decreto se les quitó 7’200.000 de su sueldo.
*Con información de EL TIEMPO
