Las personerías municipales son, quizá, una de las instituciones más determinantes para la vida cotidiana de la gente y, al mismo tiempo, una de las más subestimadas. Mientras los grandes debates nacionales ocupan titulares, en cada municipio existe una oficina que, cuando funciona con carácter, conocimiento y verdadera vocación pública, puede impedir abusos de poder, acompañar a las víctimas, orientar a la ciudadanía y defender derechos que de otra forma se perderían en el silencio institucional.
Como ciudadano y próximo administrador público territorial, he visto y analizado cómo estas entidades, nacidas para vigilar, proteger y orientar, terminan relegadas por desconocimiento ciudadano o por presiones políticas que quieren reducirlas a simples espectadoras. Pero sin personerías fuertes, autónomas y comprometidas, la comunidad queda expuesta. Y una ciudadanía expuesta es una ciudadanía sin defensa. Por eso hoy más que nunca debemos hablar de su papel, su valor y su urgente reivindicación en los territorios.
Las personerías, creadas desde finales del siglo XIX y fortalecidas por la Constitución de 1991, representan el Ministerio Público hecho territorio. Son un puente entre la ciudadanía y el Estado, una garantía de control administrativo y una voz para quienes, por diversas razones, encuentran puertas cerradas en otras instituciones. Su razón de ser es clara: proteger derechos, vigilar la conducta de los servidores públicos y actuar como guardianes del patrimonio y los intereses colectivos.
No obstante, su importancia convive con una paradoja preocupante: buena parte de la ciudadanía desconoce su misión. Y cuando una entidad no se conoce, no se usa; y cuando no se usa, se debilita. A pesar de estar financiadas con recursos municipales, recursos que provienen directamente de los impuestos de la comunidad, en muchos territorios la gente no sabe qué hace, cómo funciona o cuándo acudir. Por eso es fundamental insistir en que las personerías no son oficinas de paso: son instituciones de garantía, organismos que trabajan para cada ciudadano que habita el municipio.
El liderazgo de un personero o personera es clave para que esa misión se materialice. No basta con un título profesional; se necesita carácter, conocimiento jurídico, sensibilidad social y un profundo amor por lo público. Se necesita esa mezcla de labia, experiencia y vocación de servicio que inspira confianza a la comunidad y respeto a las autoridades. Una personería fuerte nace de la ley, pero se consolida en la actitud ética y profesional de quien la dirige.
Hoy, además, enfrentamos debates necesarios sobre su rol. Es cierto que existe duplicidad de funciones disciplinarias entre las personerías y la Procuraduría, lo que ha llevado a algunos a proponer su eliminación. Sin embargo, dejar a los municipios sin este órgano sería un golpe para la democracia local. La Procuraduría no tiene presencia en cada territorio, ni la cercanía humana ni la capacidad de respuesta inmediata que una personería sí puede ofrecer. El camino no es eliminar, sino reformar inteligentemente: clarificar competencias, fortalecer capacidades, garantizar recursos y dignificar su autonomía.
El caso reciente de la Personería de Tunja, frente a la decisión de la Alcaldía de solicitar la devolución de la sede en comodato, refleja un desafío mayor: las personerías necesitan espacios propios, dignos e independientes. No solo para trabajar, sino para garantizar que la ciudadanía las perciba como entidades imparciales, libres de presiones administrativas y políticas. La ley obliga a los municipios a asegurar su funcionamiento, y esa obligación no debe entenderse como un favor, sino como un requisito para que la democracia territorial funcione.
Pero la independencia institucional no basta. Se necesita, también, una ciudadanía que entienda que estas oficinas existen para servirle, protegerla y orientarla. Acudir a la personería no es perder el tiempo: es ejercer un derecho. Usarla es fortalecerla; exigirla, consolidarla; reclamarla, dignificarla.
El fortalecimiento de las personerías no es un asunto administrativo ni un debate técnico: es una responsabilidad ética con la democracia territorial. Una comunidad que conoce su personería, que la visita, que la exige y que la respalda, es una comunidad que se hace dueña de sus derechos.
El reto, entonces, es doble: que la ciudadanía se apropie de estas instituciones y que las y los personeros ejerzan su labor con la altura, la valentía y la pasión que la función pública merece. Colombia necesita menos indiferencia y más guardianes del bien común; menos sellos y más defensa real de la gente.
Porque al final, donde hay una personería fuerte, independiente y cercana, hay un territorio más justo, un Estado más humano y una ciudadanía verdaderamente protegida. Y esa es, sin duda, la mejor garantía de que nuestra democracia local sigue viva y evolucionando.
