Según la versión de la abogada del denunciante, el caso de Luis Orlando Camacho no sería un hecho aislado, sino parte de un presunto esquema que habría funcionado a la vista de las autoridades locales.
Nidia Amparo Rincón y Mahmoud Nabil Ibrahem Tohamy, presuntos dueños de red inmobiliaria en Duitama. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
*Por: Nury Vargas
La abogada Jeimmy Alexandra Mesa, representante del ciudadano Luis Orlando Camacho, aseguró que su cliente lleva dos años intentando recuperar el dinero que, según sostiene, entregó a una presunta red inmobiliaria que operaría desde la ciudad de Duitama ofreciendo viviendas, apartamentos y lotes que, en varios casos estaban hipotecados o no podían comercializarse legalmente.
Según el relato de Mesa, el negocio inicial surgió tras conversaciones con una mujer identificada como Nidia Amparo Rincón, quien, de acuerdo con la denuncia, “maneja una constructora que ofrecía diferentes inmuebles”. El denunciante afirma que acordó la compra de un apartamento y realizó un primer abono de 40 millones de pesos, confiando en que la promesa de compraventa era legítima.
El documento, sin embargo, no fue firmado por la mujer que llevaba la negociación, sino —presuntamente— por su esposo, un ciudadano extranjero de nombre Mahmoud Nabil Ibrahem Tohamy.
La defensa afirma que ese fue el primer indicio de lo que hoy consideran un patrón: “la matrícula que le habían dejado estructurada dentro del documento no correspondía a la matrícula que realmente era del apartamento que le iban a vender”; ese inmueble estaba hipotecado, según dijo la abogada. El hallazgo despertó sospechas y llevó al denunciante a pedir aclaraciones. La situación, afirma, no se resolvió.
Segundo pago y un nuevo inmueble también hipotecado
Al no concretarse la primera compraventa, Camacho recibió la oferta de otro bien. Para acceder a él, le pidieron un nuevo abono de 40 millones, completando 80 millones de pesos. La defensa asegura que los denunciados prometieron usar esos recursos para levantar la hipoteca del inmueble y así escriturar. “Nada de eso ocurrió”, recalca.
“Nunca lo hicieron. El apartamento estaba hipotecado a un tercero”, declaró Mesa, refiriéndose al hombre identificado como José Antonio Torres, quien figura como titular de varios bienes que antes estaban en poder de los mismos vendedores.
Para la abogada, esta coincidencia no sería accidental. Sostiene que todos los inmuebles ofrecidos a su cliente terminaron pasando a manos de terceros.
Lotes irregulares y más ofrecimientos
La representante legal también aseguró que, en medio de la negociación, el denunciante recibió la oferta de unos lotes ubicados en zona rural en la vía hacía la Ruta del Mundial. “Le ofreció unos lotes que están yendo para la Ruta del Mundial, donde están haciendo como un condominio para vender licencias de 160 y 120 metros, cuando en esa zona rural la parcelación mínima es de 1.000 metros”, afirmó.
De acuerdo con ellos, esos terrenos también tendrían procesos abiertos ante inspección de Policía.
Promesas, traspasos y un patrón que el denunciante considera una operación planificada
La denuncia formal, radicada ante la Fiscalía, plantea que no se trataría de un simple incumplimiento contractual, sino de un presunto plan estructurado para apropiarse de recursos, apoyado en la sucesiva venta o traspaso de inmuebles hipotecados.
Según el documento, los bienes que Camacho creía estar comprando habrían sido trasferidos después a un tercero mediante dación en pago y compraventa, aun cuando existían obligaciones pendientes con él.
Uno de los puntos que más indignación genera al denunciante es que los presuntos implicados siguen realizando trámites de manera cotidiana ante empresas de servicios y notarías de Duitama.
La denuncia, que menciona delitos como estafa agravada, alzamiento de bienes, concierto para delinquir y falsedad en documento privado, se encuentra en análisis en una sede local de la Fiscalía. La defensa afirma que el caso de Camacho sería uno entre varios, pues existirían múltiples procesos relacionados con la misma red.
El denunciante solicita medidas cautelares dirigidas a asegurar bienes y evitar posibles maniobras que dificulten la reparación. También pide restricciones de movilidad para uno de los investigados, de nacionalidad extranjera.
Camacho decidió hacer pública su denuncia porque, según afirma, no quiere que otras personas, “pasen por lo mismo” ni que “más familias pierdan su dinero y sus sueños de vivienda”.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días
