El abogado Sneider Cárdenas denunció la magnitud del fraude en más de 200 licencias de construcción en Duitama y pidió sanción definitiva para el excurador Miguel Leguizamón.
El abogado Sneider Cárdenas expone las irregularidades detectadas en más de 200 licencias de construcción en Duitama entre el 2015 y el 2020. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
*Por: Nury Vargas
La investigación sobre el irregular mercado de licencias de construcción en Duitama sigue arrojando resultados contundentes. Tras la decisión del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), que sancionó al ingeniero Miguel Antonio Leguizamón Rivas con suspensión de su matrícula por 24 meses, ahora el proceso penal en su contra avanza con la imputación formal de cargos por parte de la Fiscalía.
El fallo del Copnia en segunda instancia dejó en evidencia el uso indebido de la firma de una ingeniera, quien nunca autorizó su utilización en más de 190 licencias expedidas entre el 2015 y el 2020. Según el abogado Sneider Cárdenas, “básicamente el relato de todo el estudio de lo que sucedió, y evidencia que sí efectuaron falsificaciones en la firma de una ingeniera durante su actividad como curador”.
Además de la sanción disciplinaria, el ingeniero Leguizamón enfrenta cargos por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo. Aunque no aceptó los cargos, la audiencia de acusación ya está en curso.
Cárdenas también advierte sobre la gravedad de los riesgos generados por estas prácticas: “Es un riesgo muy alto porque, dependiendo de estos temas, los cálculos estructurales y planos que estaban siendo falsificados determinan la estabilidad de una obra”. Una de las edificaciones construidas con estas licencias ya recibió orden de demolición por parte de la Inspección de Policía al comprobarse que no cumplía con normas de sismorresistencia.
El abogado cuestiona que, pese a la sanción, Leguizamón haya seguido vinculado como revisor estructural de la Curaduría Urbana No. 2 de Duitama, actualmente dirigida por su esposa. “No da confianza que sea la misma esposa la que esté desarrollando la actividad que él practicó durante años con esas irregularidades”, afirmó. También advirtió sobre posibles constreñimientos a otros constructores del municipio.
Cárdenas considera que la sanción impuesta por el Copnia fue insuficiente y dijo: “Tendría que haber sido retirada la licencia de por vida del ingeniero Leguizamón porque fue una situación con total dolo y que lo hizo bajo una facultad estatal”.
En medio de este proceso, el llamado es a la ciudadanía y al gremio constructor a actuar con mayor rigor y responsabilidad. “Hay que hablar directamente con los ingenieros correspondientes, exigir compromiso ético de los funcionarios públicos y sancionar de forma ejemplar a quienes abusan del poder que el Estado les otorga”, concluyó.
El caso de Duitama se convierte así en una advertencia sobre los efectos del uso irregular de licencias urbanísticas y la necesidad urgente de controles más estrictos.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días