La veeduría ciudadana señala fallas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la protección infantil.
Sara Michel Vargas Vega, una niña de 11 años que murió asesinada en Sogamoso. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
La Veeduría Ciudadana por la Protección de la Infancia y la Adolescencia de Boyacá se pronunció con profunda preocupación ante la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el caso de Sara Michel Vargas Vega, una niña que -dice- perdió la vida debido a fallas en el sistema de protección infantil.
Según la organización, la respuesta del ICBF no esclarece las fallas estructurales, sino que evidencia una preocupante falta de prevención y una ineficaz capacidad de reacción ante el riesgo infantil.
Fallas del ICBF en la protección de Sara Michel
La veeduría radicó un derecho de petición solicitando información detallada sobre las acciones tomadas en este caso. Sin embargo, el ICBF incumplió los plazos legales, lo que obligó a presentar un derecho de petición de insistencia.
Para la organización, este retraso y falta de diligencia administrativa son muestra de una inoperancia institucional que ha permitido que tragedias como esta se repitan.
El ICBF aseguró haber activado rutas de atención, incluyendo valoraciones en psicología y trabajo social, así como reuniones con la menor y su madre. No obstante, la veeduría señala que estas medidas fueron insuficientes y tardías por varias razones:
• No se tomaron medidas preventivas efectivas: a pesar de antecedentes de vulnerabilidad, el riesgo real no fue identificado a tiempo, y no se implementó una protección contundente antes de la tragedia.
• Evaluación deficiente del entorno familiar: el ICBF argumentó que no separó a la niña de su hogar porque el presunto agresor no convivía con ella. Sin embargo, esta justificación ignora la exposición a riesgos en otros contextos.
• Acciones limitadas a diagnósticos sin medidas concretas: más allá de entrevistas y valoraciones, no se implementaron medidas reales de protección, dejando a la niña en una situación de riesgo.
• Un sistema ineficaz y reactivo: aunque el ICBF menciona la coordinación interinstitucional, la respuesta fue insuficiente antes y después de la desaparición de la menor.
Una tragedia evitable que exige cambios inmediatos
La veeduría enfatiza que la muerte de Sara Michel Vargas Vega no fue un caso aislado ni inevitable, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de protección infantil. Por ello, tomará acciones firmes para exigir cambios urgentes en la manera en que se protege a los niños en riesgo:
1. Revisión profunda de los protocolos del ICBF para garantizar medidas preventivas eficaces y evitar futuras tragedias.
2. Investigación por parte de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para determinar si hubo omisiones administrativas en este caso.
3. Reforma local en la articulación de los entes de protección infantil, para que las rutas de atención sean efectivas y no meros trámites burocráticos.
4. Movilización ciudadana y presión social para exigir que las instituciones respondan con eficacia ante casos de vulneración de derechos infantiles.
Un llamado a la sociedad para evitar más muertes
La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva, y la veeduría insta a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante esta tragedia. Asimismo, pide a los medios de comunicación visibilizar la problemática y evitar que el caso caiga en el olvido y la impunidad.
“Sara Michel Vargas Vega no debió morir. Su historia debe marcar un punto de quiebre en la lucha por una protección infantil real y efectiva. La veeduría ciudadana no se detendrá hasta que se implementen los cambios necesarios para garantizar la seguridad de los niños y niñas en Boyacá y en toda Colombia”, manifestó la organización.