La demora en la entrega de medicamentos para personas con discapacidad ha generado indignación y preocupación entre los familiares.

De esta droga depende que un niño no convulsione y no se deteriore más su salud, por ella, un padre que lucha por la vida de su hijo, debió viajar hasta Bogotá, a pesar de tener el derecho a ella. Foto tomada al medicamento a que hizo referencia el entrevistado.
La entrega oportuna de medicamentos sigue siendo un desafío para muchas personas con discapacidad en Sogamoso. Los familiares de quienes dependen de tratamientos específicos para mantener su calidad de vida, enfrentan largas travesías para acceder a los medicamentos.
A pesar de los derechos reconocidos por la ley, las demoras en la autorización y las fallas recurrentes en el suministro de medicamentos esenciales, han convertido esta situación en un calvario para los pacientes y sus familias, esta problemática obliga a los familiares a emprender extensos recorridos, incluso a otras ciudades, para conseguir las autorizaciones correspondientes.
“Mi hijo tiene una parálisis cerebral y necesita tomar un medicamento que se llama Brivaracetam, que es un medicamento anticonvulsivo; ya es la segunda entrega, pero me dicen que por la intervención a la Nueva EPS no tienen recursos”, afirma Luis Avella, padre de un joven con discapacidad.
Las travesías no solo implican un alto costo, sino también una problemática emocional. Los afectados deben lidiar con largas filas, documentación excesiva, respuestas sin acciones concretas y, en muchos casos, con la falta de amabilidad por parte del personal administrativo.
“Me fui hasta la gerencia nacional de la Nueva EPS en Bogotá, me dijeron que me iban a dar la autorización y entregar los medicamentos, pero no fue así y ya nadie me contesta, ese medicamento es esencial porque si no se le da convulsiona”, añadió el padre del joven.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha señalado que trabaja en mecanismos para agilizar estos procesos. Sin embargo, los afectados aseguran que las soluciones son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Mientras tanto, las familias continúan alzando su voz, exigiendo respeto por los derechos de las personas con discapacidad y recordando que, detrás de cada trámite, hay vidas que dependen de un acceso oportuno a los medicamentos, y aunque el padre del joven logró recibir los medicamentos para su hijo después de muchas idas a la EPS y a la farmacia asignada, tuvo que hacer gestiones que sencillamente debieran ser innecesarias y desplazarse hasta otra ciudad para defender la vida de su hijo.
El derecho a la salud digna sigue siendo una incógnita en un país donde la desigualdad y los obstáculos administrativos ponen en jaque la vida de los más vulnerables.