El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, explicó los alcances del recorte que no afectará ni a la infancia, ni el agua, ni la educación.
Tras el Consejo de Ministros realizado con la dirección del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) tomó la decisión de hacer un recorte en el presupuesto de gastos del año 2024 por 28,4 billones de pesos, equivalentes a un 5,6 por ciento del total del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para el año.
Este recorte contempla tanto los 20 billones de pesos del aplazamiento presupuestal anunciado en junio, así como 8,4 billones de pesos adicionales que surgen como resultado del análisis de la situación económica actual de la Nación.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informó que “el recorte, que se da como resultado de la caída en los ingresos tributarios, es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la disciplina fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal”.
Funcionamiento
En el rubro de funcionamiento, se recortarán 18,2 billones de pesos. Los sectores que tendrán mayores disminuciones en esa área son Hacienda con 11,8 billones de pesos, Trabajo con 3,9 billones de pesos, Defensa con 606.000 millones de pesos, Rama Judicial con 452.000 millones de pesos y Fiscalía con 347.000 millones de pesos.
Inversión
En cuanto a la inversión, se hará un recorte de 10,1 billones de pesos que estará liderado por el sector de Inclusión Social y Reconciliación con 1,8 billones de pesos, seguido de Hacienda con 1,7 billones de pesos, Transporte con 1,4 billones de pesos, Agricultura con 1,2 billones de pesos y Vivienda con 647.000 millones de pesos.
Aunque el Confis había sugerido un recorte de hasta 33 billones de pesos, la cifra final responde principalmente a la necesidad de contar con recursos para responder a la situación de emergencia invernal recientemente declarada en todo el país.
El recorte preserva inversiones fundamentales para garantizar la alimentación infantil, los derechos básicos de niños y niñas, la gratuidad en la educación superior, y la respuesta a las necesidades de agua apta para consumo humano.