La política boyacense Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha sido protagonista en los últimos días en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales por el anuncio de la Fiscalía de que le imputará cargos el próximo 29 de noviembre.
Así se han referido los medios al caso de Ortiz: ‘La Fiscalía solicitaría la medida de aseguramiento privativa de la libertad para la exfuncionaria del Gobierno Petro’, El Espectador.
‘Fiscalía pedirá cárcel para Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la Ungrd: ya hay fecha para la imputación de cargos’, Infobae.
‘¿Quién es Sandra Ortiz y de qué la acusará la Fiscalía en el caso de la UNGRD?’, Cambio Colombia.
‘¿Quién es Sandra Ortiz, la exconsejera de las Regiones y nueva imputada en el caso de la UNGRD?’, El Tiempo.
‘Sandra Ortiz, llamada a imputación de cargos: $ 3.000 millones y cuatro evidencias que pesan en contra de la mensajera de Name’, Semana.
La exsenadora se ha pronunciado al respecto asegurando que no tiene nada que esconder, que es un ‘show mediático’ la citación para la formulación de cargos en su contra por presunta corrupción y que es ‘inflada’ la imputación de la Fiscalía, entre otros.
“La @FiscaliaCol me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme, evidenciando un manejo mediático de este caso. Es inaceptable que se me catalogue como “el eslabón más débil” y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales”, escribió en su cuenta de X.
Afirmó que este caso se ha convertido en un show mediático, basado en cinco versiones distintas de dos “delincuentes confesos”, y que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan.
“Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo”, dijo. Solicitó también que la diligencia se realice de manera presencial y no virtual, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y la transparencia del procedimiento.