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Diez asuntos urgentes para proteger la Amazonia que organizaciones de la sociedad civil colombiana proponen de cara a la COP16

La Amazonia colombiana enfrenta graves riesgos por la pérdida de bosque relacionada con cambios en el uso del suelo.

Entre 1985 y el 2023 la Amazonia Colombiana pasó de 42,3 millones a 39,4 millones de hectáreas de bosque natural. Foto: Frank Chávez
Entre 1985 y el 2023 la Amazonia Colombiana pasó de 42,3 millones a 39,4 millones de hectáreas de bosque natural. Foto: Frank Chávez

La protección y el cuidado de la Amazonia deben estar en el centro de las negociaciones que sostendrán los líderes mundiales en la COP16 (Conferencia de las Partes) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se realiza en la ciudad de Cali, según expuso la Alianza Escucha la Amazonia (ELA).

“La Amazonia colombiana, vital para el equilibrio hidroclimático del país y del planeta, así como para sustentar el bienestar de toda la población, enfrenta graves riesgos por la
pérdida de bosque relacionada con cambios en el uso del suelo. Según la plataforma de
información georreferenciada Mapbiomas, entre 1985 y el 2023, esta región pasó de 42,3 millones a 39,4 millones de hectáreas de bosque natural, lo que representa una pérdida de
casi el 7 % de su vegetación”, dijeron desde ELA.

¿Qué hacer para frenar esta tendencia?

La Alianza Escucha la Amazonia, conformada por ocho organizaciones de la sociedad civil de Colombia presentó el ‘Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonia’, una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno colombiano, a los
gobiernos de los estados amazónicos y a la sociedad en general, con el objetivo de asumir
con responsabilidad política y ética el cuidado de esta región, garantizar el bienestar de
sus habitantes, avanzar en la construcción de paz y evitar el punto de no retorno que
llevaría a este territorio a transformarse, gradual o abruptamente, en una sabana tropical.

“La COP16 representa una oportunidad única para que Colombia amplíe su compromiso
con el cuidado de la vida en sus múltiples expresiones, avance en los compromisos del
Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) y se convierta en un actor global que articule las
agendas de biodiversidad y cambio climático”, manifestó ELA.

Este decálogo es un llamado al Gobierno colombiano a garantizar un Estado intercultural
que reconozca las contribuciones de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas
y afrodescendientes en la protección de la selva y su biodiversidad; a poner fin a la
deforestación a través de estrategias y metas ambiciosas y concretas; a lograr un
ordenamiento territorial participativo que proteja los derechos de quienes habitan y
gestionan este territorio, y a cerrar las brechas de género que afectan a las mujeres
amazónicas.

También es un llamado a la ciudadanía a entender la dependencia de su bienestar a la
salud de la Amazonia, que el equilibrio del régimen de lluvias en otras zonas del país, como
la región andina, depende de ella y a vincularse y apoyar las reivindicaciones de los
movimientos sociales, pueblos indígenas y ONG que trabajan en la protección de la
Amazonia.

Además, es un llamado a los países de la región amazónica a establecer acuerdos de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.

“Los procesos de colonización, que han llevado a la expansión de la ganadería extensiva, el
acaparamiento de tierras, la instalación de cultivos agroindustriales y la construcción de
carreteras legales e ilegales, están generando una presión y destrucción acelerada en una
de las regiones más biodiversas del planeta. A estos se suman las economías extractivas
legales e ilegales (minería, narcotráfico, tráfico de fauna y flora, extracción de
hidrocarburos), que no solo contribuyen a la deforestación y degradación de la selva, sino
que afectan profundamente los derechos humanos de las comunidades locales, y el
bienestar colectivo por los servicios ecosistémicos que dependen de la Amazonia (como,
por ejemplo, la satisfacción de necesidades hídricas o la generación de energía eléctrica)” , indicaron.

En consecuencia, la Alianza Escucha la Amazonía, que nació hace más de dos años
con el fin de posicionar la región amazónica en la agenda pública nacional, en su ‘Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonia’ hace un llamado a los estados amazónicos y a la sociedad en general.

El Decálogo

  1. Materializar un Estado intercultural que respete los sistemas de conocimiento,
    la autonomía, formas de gobernanza y derechos bioculturales y territoriales de
    las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto incluye formalizar las
    Entidades Territoriales Indígenas (ETI) según el Decreto Ley 632 del 2018 y promulgar el Decreto de Autoridad Ambiental Indígena.
  2. Poner fin a la deforestación y promover la restauración de los bosques
    integrando los saberes locales. Esto incluye reportar en los informes del Ideam
    (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales) el impacto de los
    motores de deforestación y aprobar la ley de trazabilidad ganadera para evitar el consumo de carne proveniente de zonas deforestadas y parques nacionales
    naturales, entre otros.
  3. Reglamentar los mecanismos financieros que buscan la mitigación del
    cambio climático y la conservación de la diversidad biológica, respondiendo a
    las órdenes de la Corte Constitucional que exigen regular las iniciativas de
    reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+), y garantizar
    el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas.
  4. Lograr una planeación y un ordenamiento territorial participativo (en más de
    47 millones de hectáreas que conforman la Amazonia colombiana), con énfasis en la gobernanza del agua y los usos del suelo. Esto supone la coordinación
    adecuada con las autoridades de los territorios indígenas y sus instrumentos de
    gestión propios (planes de vida).
  5. Promover la creación de una conciencia ambiental que le dé un lugar de
    preponderancia a la Amazonia dentro de la crisis climática y de pérdida de
    biodiversidad, fortaleciendo una política nacional de educación ambiental
    enfocada en transformar las prácticas sociales, económicas y culturales que
    degradan la naturaleza.
  6. Cerrar las brechas de género que afectan a las mujeres, incorporando un
    enfoque transversal en los programas destinados a la Amazonia. Las mujeres son clave en el cuidado de la biodiversidad, pero también las más afectadas por
    la violencia y el cambio climático.
  7. Garantizar la participación y veeduría ciudadana para monitorear las
    estrategias oficiales de conservación de la biodiversidad y lucha contra el
    cambio climático. Es clave también para el seguimiento, incidencia y difusión en los informes del Panel Científico por la Amazonia.
  8. Combatir el crimen transnacional mediante acuerdos de cooperación regional entre los Estados amazónicos. Fortalecer la coordinación entre las autoridades
    de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y activar el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI-Amazonía).
  9. Establecer acuerdos de cooperación diplomática para el cuidado del bioma
    amazónico y su gente, con el fin de crear sistemas de monitoreo y
    observatorios con información confiable, oportuna y actualizada, que permitan evaluar las presiones y amenazas a este bioma para llevar a cabo acciones
    preventivas o que contrarresten estas.
  10. Hacer seguimiento a los acuerdos de la cumbre de presidentes amazónicos
    de Belém do Pará (2023), que buscan movilizar recursos económicos para la protección de la Amazonia, fortalecer las capacidades institucionales de los Estados de la región, cooperar en delitos ambientales y promover una
    economía sostenible. Es fundamental rendir cuentas sobre los avances.

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