La Comisión es el organismo nacional encargado de definir, evaluar y determinar el adecuado manejo de los recursos económicos provenientes de la explotación de recursos naturales.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, al ugual que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Mocoa, Carlos Hugo Piedrahita, fueron designados miembros de la Comisión Rectora del Sistema Nacional de Regalías entre el 2025 y el 2026.
Este organismo tiene un presupuesto superior a los 30 billones de pesos, que deben ser girados, entre otras, a las entidades territoriales para financiar proyectos de desarrollo regional.
La designación de estos mandatarios refuerza la presencia de Casanare en la toma de decisiones sobre el destino de las regalías, lo que podría generar un impacto significativo en proyectos locales y nacionales durante el próximo año.
De acuerdo al proyecto de presupuesto del Sistema Nacional de Regalías, que regirá entre el primero de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2026, este asciende a un monto total de 30,9 billones de pesos, de los cuales el 82,5 por ciento de los ingresos aforados corresponde a ingresos corrientes (25,5 billones) y el 17,5 % restante a otros ingresos de capital. La totalidad de estos últimos proviene de rendimientos financieros (5,2 billones).
Según las cifras presentadas al Congreso de la República, 6,4 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
Otros 2,8 billones se girarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
8,8 billones estarán destinados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
2,5 billones se orientarán a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales 511.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
5,4 billones irán a promover, en el marco del Acuerdo de Paz, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
592.000 millones se dirigirán a los grupos étnicos del país, encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
255.000 millones van para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión local de 433.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
128.000 millones irán para inversión en las entidades territoriales ribereñas del río grande de la Magdalena, los que serán canalizados por Cormagdalena.